La Consellería de Sanidade aseguró ayer que Galicia aplicará "estrictamente" la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo,que entró ya en vigor en toda España.
"La Xunta seguirá los parámetros marcados por el Ministerio de Sanidad para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales y respetar su derecho a la objeción de conciencia",señalaban ayer desde el departamento de Pilar Farjas. Además, la Xunta asegura que "se velará por ofrecera calidad asistencial a todas las mujeres" implicadas en cualquier proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Tal y como la propia Farjas reconocía hace un mes en una entrevista a FARO, "personalmente" la conselleira considera que "es una mala ley porque no protege a las menores y confunde decisión con la libertad sin garantías de protección suficiente". Sin embargo, ya entonces recalcó que "como conselleira de Sanidade garantizo que el Servizo Galego de Saúde cumplirá estrictamente la ley y teniendo en cuenta el derecho de objeción de los médicos".
El propio presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo,reconocía también el pasado mes que Galicia cumplirá con la ley del aborto aunque reprobó al Gobierno central que "no evaluase su trascendencia"desde el punto de vista económico y de la prestación del servicio en el sistema sanitario. En pararelo a esta normativa, la Xunta ha aprobado una ley de apoyo a las embarazadas, con el objetivo de promover la adopción de medios de carácter social, jurídico, sanitario y asistencial para garantizar el derecho a la gestante a culminar el embarazo.
Concentración en Valencia
Cientos de personas –unas 800, según la organización– se concentraron ayer en Valencia para solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que declare la suspensión cautelar de la entrada en vigor de la nueva Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, según fuentes del Foro Valenciano de la Familia (FVF).
La concentración,convocada por Provida Valencia, se llevó a cabo junto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El vicepresidente del FVF, Vicente Morro, aseguró que la protesta "no pretende ser una medida de presión sino de concienciación", ya que es un tema "muy serio" pues "estamos hablando de vidas humanas".
Además, aseguró que confía en que se declare inconstitucional la nueva Ley porque el Alto Tribunal admitió a trámite los recursos contra la ley presentados por el PP y el Gobierno de Navarra.
