El conflicto generado por el traslado de varias familias de O Vao a otros lugares de la comarca sería mayor si en lugar de reubicar tan sólo a seis hubiera que buscar alojamiento para las trescientas que, como mínimo, habitan el poblado marginal. Esto es lo que podría suceder en unos años si la asociación de vecinos que preside Carmen Esperón cumple su amenaza de exigir en los tribunales el derribo de la totalidad de las chabolas construidas en el asentamiento marginal.
El colectivo anunció ayer que emprenderá acciones judiciales para reclamar la desaparición del poblado chabolista, por entender que las viviendas construidas en esta zona del ayuntamiento de Poio son "totalmente ilegales". Esperón sostiene que, al contrario de lo que afirma el gobierno local, la gran mayoría de las personas de etnia gitana que residen en O Vao no es propietaria de los terrenos. A este hecho se sumarían otras supuestas "irregularidades urbanísticas", como la inexistencia de licencias de obra expedidas por el Concello. Estos son los dos argumentos en los que se basará la asociación vecinal para iniciar un nuevo proceso judicial que culmine con la desaparición del gueto gitano.
Antes de presentar una nueva denuncia, la agrupación dará un plazo "prudencial" a la justicia para que acabe de ejecutar la sentencia dictada el pasado año y que ordenaba la demolición de un total de once infraviviendas del poblado. Este fallo debería haberse cumplido el pasado 31 de octubre, fecha en el que expiró la última prórroga concedida por el juez. Sin embargo, cuatro meses después, todavía hay chabolas ilegales que permanecen en pie. La administración local de Poio reconoce que aún está pendiente de derribo una de ellas; la asociación vecinal asegura en cambio que son tres.
Las cuentas de Carmen Esperón no incluyen las construcciones levantadas recientemente en el poblado, precisamente en los mismos lugares donde, hasta el pasado mes de noviembre, se erguían las chabolas ilegales.
La asociación de vecinos de O Vao solicitó a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra custodia policial para que un equipo técnico pudiese acceder al asentamiento de forma segura para comprobar si, efectivamente, se está reconstruyendo la zona. A pesar de que esta inspección aún no se ha realizado, la presidenta explica que "los vecinos tenemos ojos, vemos lo que está pasando sin necesidad de que nadie venga a contárnoslo".
El gran supermercado
Otra realidad expuesta a luz pública es que O Vao continúa siendo "el gran supermercado de la droga de Galicia", como a él se refiere el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández. Desde el punto de vista vecinal, "este hecho es conocido en toda España y consentido por quienes nos gobiernan".
Esperón opina que la falta de acción de los poderes públicos para acabar con el gueto encierra intereses ocultos. "¿A quién favorece el gran negocio de la droga? ¿Quiénes son los señores de camisa blanca que se llevan el 75% de las ventas?", se pregunta la dirigente del colectivo.
En este sentido, la portavoz se muestra solidaria con las manifestaciones protagonizadas por la ciudadanía en Monte Porreiro o Caritel. "Apoyamos las movilizaciones y nosotros también las haríamos si tuviéramos el respaldo de la ciudad, porque O Vao está destrozando la juventud de Pontevedra", sentencia.
La directiva de la asociación vecinal de O Vao repartió ayer críticas casi a partes iguales entre las instituciones públicas. En primer lugar, contra el Concello de Poio por reducir a 12 los 18 expedientes de derribo presentados por el colectivo en los años 90 y por permitir la construcción de compartimentos adosados a las chabolas ilegales.
Pero también responsabilizó del "caos" existente a la Consellería de Vivenda por "dar dinero público sin un proyecto de realojo serio, consensuado con los gobiernos locales de los municipios receptores". Bajo el prisma vecinal, ambos departamentos deberían explicar "cuánto invirtió en pagar los hoteles en los que vivieron los gitanos durante estos meses".
