Con su vivienda ya prácticamente vacía, Enrique López Patricio se ha instalado en una autocaravana, estacionada ante la entrada de su finca. Allí, con el resto de vecinos que también han acampado a su puerta, espera la llegada de la maquinaria pesada de la APLU.
El retén que se ha organizado para alertar a todo el vecindario de la llegada de la piqueta, acampa ante la casa de Enrique López, para mantener la vigilancia también durante la noche.
El primer afectado por los 40 expedientes de derribo en Vilaboa recordaba ayer -ante la confirmación de que la Xunta hará cumplir la sentencia de demolición- que la Administración no demuestra la misma diligencia en ejecutar otras sentencias, como las de los rellenos del puerto de Marín, empresas, hoteles y naves industriales que desde hace años tienen sentencias condenatorias semejantes. "Está claro que van a por el más débil, a por el que tiene una simple casa y menos medios para defenderse", lamenta el perjudicado.
Enrique López Patricio recordaba además que levantó su vivienda con licencia municipal, en un momento en el que la Xunta y el Estado se disputaban las competencias en materia de costas y que su casa dista unos 80 metros del litoral.
