En junio de 2013, los investigadores del Equipo contra el Crimen Organizado de Galicia (ECO-Galicia, con sede en la Comandancia de Pontevedra) estaban a punto de desmantelar una importante organización dedicada al envío de grandes cantidades de cocaína por medio de contenedores a través de los puertos gallegos cuando, de repente, los principales investigados se esfumaron. "Tiraron los teléfonos móviles, abandonaron sus domicilios habituales e intentaron vender sus propiedades", explicó ayer la fiscal Marta Durántez.
Casi al mismo tiempo, en unos pinchazos telefónicos a personas investigadas por narcotráfico, los agentes comenzaron a escuchar perplejos como los interlocutores se advertían de que habían sido fotografiados en las reuniones que mantenían entre ellos por los equipos de la Guardia Civil, y aseguraban haber visto esas fotografías, incrementando, más allá de lo habitual, las medidas de seguridad, dado que afirmaban ser conscientes de que "tenemos al ECO encima". En total, unas cinco operaciones antidroga se vinieron abajo o se complicaron enormemente a causa de unas filtraciones "que solo podían venir de dentro". Fueron conscientes de que tenían un "topo" y la investigación abierta llevó a la detención de los dos agentes que supuestamente estaban desvelando información a los narcotraficantes.
Ayer, estos dos guardias civiles se sentaron en el banquillo de los acusados, acompañados de quien supuestamente actuaba de enlace entre ellos y los narcos. Se trata de los guardias civiles Javier L. S. y Diego F. C., "amigos desde la Academia" , como reconoció el primero. Ambos se enfrentan a una petición de pena del fiscal de once años y medio.
Javier L. S. es a quien la fiscal Marta Durántez señala como el infiltrado en el equipo ECO de la Comandancia de Pontevedra. Él mismo explicó que ingresó en esta unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico desde su creación en 2005. Ayer negó que hubiera proporcionado información "masiva" a su compañero y amigo Diego F. C. de las operaciones e investigaciones del ECO y menos que este le trasladara la información a los narcos. Sí reconoció que le pasó datos puntuales como un listado de confidentes de la Guardia Civil y la ficha personal de alguna de estas "fuentes vivas", pero que lo hizo por si le pudiera servir a Diego "en su labor profesional". Diego F. C. no pertenecía al ECO-Galicia, sino a la Sección de Patrimonio de la Policía Judicial, por lo que a la fiscal le extrañó la razón por la que le entregaba documentación secreta sobre investigaciones de narcotráfico a este compañero ajeno al equipo.
A pesar de que Javier insistió en negar que hubiera facilitado información secreta de forma "masiva" a Diego F. C., lo que no supo explicar este agente es la razón por la cual en el ordenador incautado en casa de Diego F. C. aparecieron prácticamente clonadas las carpetas con la documentación relativa a las operaciones en marcha del ECO: Más de 500 archivos y 2.000 documentos que los peritos informáticos concluyen que salieron de los ordenadores de la Comandancia.
¿Cómo llegó toda esta información hasta allí? "Lo desconozco, deberían preguntarle a él", respondió el acusado a la fiscal. Efectivamente, cuando llegó el turno del segundo agente este contestó y fue claro, contradiciendo la versión de su compañero. Diego afirmó que fue Javier L. S. quien descargó esta enorme cantidad de archivos informáticos en el ordenador de su propiedad en el que fueron localizados. Afirma que lo hizo como una petición de ayuda, para que le echase un vistazo ante el conocimiento que él tenía del mundo del narcotráfico (su padre había sido un destacado mando de un equipo antidroga) y a pesar de no pertenecía al ECO. Eso sí, él insistió en que ni siquiera llegó a ojear dicha información y negó que pudiera haberla vendido o filtrado a narcos. Dice que apenas le dio importancia, dado que si supiera que era algo tan delicado "no la hubiera dejado en mi ordenador personal".
Un vilanovés, presunto enlace
La Fiscalía sospecha lo contrario y cree que Diego F. C. tenía como enlace con los clanes que se servían de esta información al vecino de Vilanova Juan Carlos S. N., con quien el guardia civil mantenía contactos y que ya estuvo vinculado con el narcotráfico en el pasado, aunque siempre salió absuelto.
Diego F. C. afirma que solo conocía a esta persona de ser cliente del pub que el guardia civil tenía en San Vicente y reconoce que en alguna ocasión le envió notas manuscritas pero con la intención de convertirlo en su confidente. Por su parte, este vilanovés negó cualquier relación con los guardias civiles y con el narcotráfico. Lo que no supo explicar por qué en un ordenador hallado en los registros de su vivienda se encontraron documentos informáticos que los peritos concluyen que salieron de los ordenadores del ECO. Juan Carlos S. N. afirma que es un ordenador que los agentes se llevaron de su vivienda sin que lo hubieran encendido ante él. Mientras la fiscal solicita una pena de 7 años, él dice ser víctima de una persecución policial.
