La Diputación de Pontevedra acaba de plantear formalmente a la Xunta de Galicia cuatro propuestas para "erradicar de raíz" la violencia e inseguridad que están sufriendo los menores en acogimiento y trabajadores del Príncipe Felipe. La diputada responsable del centro, Eva Vilaverde, remitió dos cartas al conselleiro de Política Social y a la directora de Familia e Infancia instando a llegar a un acuerdo entre ambas instituciones "en plano de igualdad y mutuo respeto".
Vilaverde insiste en que no es posible continuar en los mismos términos que establece el actual convenio entre Deputación y Xunta por sus "cláusulas abusivas" y "severas disfunciones". Así, propone un convenio de nueva planta que permita "recuperar, mejorar, modernizar, actualizar y potenciar las funciones de este centro de la Diputación" y advierte que, en caso contrario, la institución provincial seguirá con ese labor de impulso del centro por sus propios medios, "una situación que no ha sido nunca ni es ahora nuestra primera opción".
Las propuestas de solución planteadas pasan, en un primer caso, por establecer clara y definitivamente que el Príncipe Felipe es un centro titularidad de la Diputación y gestionado por los criterios de esta y, en consecuencia, que las decisiones sobre todas las dependencias del centro "serán única y exclusivamente de la Deputación", en particular los informes sobre admisiones y permanencias redactados por los técnicos provinciales, que pasarían a ser los únicos determinantes y ejecutivos.
Como segunda opción, Vilaverde plantea crear en Príncipe Felipe, por parte de la Consellería, una sección totalmente independiente de las demás, en terrenos o edificios cedidas por la Diputación, para atender así a las problemáticas "específicas" que generan violencia e inseguridad, incluída la UPA, dónde son acogidos menores pendientes de valoración.
Otra de las alternativas propuestas es que, la Consellería se lleve la UPA para otra localización fuera del Príncipe Felipe, así como los menores con perfiles "conflitivos" quienes apenas suponen un número reducido "por lo que buscar alternativa sería fácil".
Consorcio conjunto
Finalmente, la última propuesta de la Diputación pasa por constituír temporalmente, dada la urgencia de la situación, un consorcio entre la Xunta y el organismo provincial, en principio en partes iguales.De este modo, la Xunta tendría voz, voto y capacidad de decisión para que el centro pasase a funcionar con las normas que pretende la Consellería.
La diputada explica que "obviamente estamos abiertos a considerar otras alternativas, pero siempre con la premisa de que la violencia y el deterioro del Príncipe Felipe tienen que acabar. En este camino seguro que encontramos puntos de encuentro y acuerdo", por lo que solicita que se estudien nuevamente estas propuestas y se fije una fecha para una nueva reunión.
