Los funcionarios de prisiones de A Lama se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra convocados por el colectivo Unidos Funcionarios de Prisiones, un movimiento creado por los propios trabajadores para denunciar la falta de personal y los recortes económicos en las cárceles de todo el país.

"Básicamente lo que pedimos es una Oferta de Empleo Público, rejuvenecimiento de la plantilla, el fin de las agresiones...", explicó Manuel Couto, portavoz del colectivo en Pontevedra.

"La situación en las prisiones ha cambiado. Tenemos un tipo de presos nuevos para los que no estamos formados: yihadistas, bandas del Este, politoxicomanías... Casos en los que no sabemos si tratarlos como presos o como pacientes", se lamentó.

"La prisión de A Lama es un reflejo del resto de prisiones y hay mucho que criticar", señaló.

La plataforma cuenta con el apoyo de unos 4.000 trabajadores en toda España y surgió al margen de partidos y sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo en las prisiones españolas.

Por todo ello, recalcan que la ratio de A Lama ha caído desde que comenzó la crisis. "No ha habido un solo concurso desde 2008". Así, cifran en 50 el número de funcionarios en el que se debería aumentar la plantilla, que actualmente es de 500, que se reparten en turnos de medio centenar. La mitad de ellos, unos 240, se dedican a las tareas de vigilancia en el interior del pena, mientras que el resto se encuentran en los departamentos de administración, cocina y otras.

La prisión de A Lama tienen capacidad para 1.077 presos, aunque actualmente cuenta con 1.300, según informó Manuel Couto ayer, que también denunció la privatización progresiva de las cárceles españolas.