El número de familias de la comarca de Pontevedra que no son capaces de asumir el pago de sus alquileres y que están al borde del desahucio ya iguala al de afectadas por la hipoteca. Muchas de ellas se ven obligadas a acudir a las plataformas de ayuda creadas para luchar por el derecho a la vivienda y contra el fraude hipotecario.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, de Pontevedra trabaja actualmente con 35 familias para frenar su desahucio. Es casi un 17 por ciento más que las que el colectivo sin ánimo de lucro atendía hace menos de dos meses, a finales de marzo, cuando eran 30 familias, y un 75 por ciento más que a principios de año, cuando se contabilizaban unas 20.

Desde la creación de la PAH de Pontevedra, en 2013, han sido más de un centenar de afectados los que se han puesto en contacto con sus voluntarios y asesores legales. Este esfuerzo logró desde entonces, cuatro años, que ninguna familia tuviese que ser desahuciada en Pontevedra y su comarca.

El panorama del riesgo de desahucio ha ido cambiando en los últimos años hasta el punto de que el impago de alquiler está tan presente en la sociedad como el de la cuota de la hipoteca. Así lo asegura Diego Feijoo, portavoz de la PAH Pontevedra. "Mientras que en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, los problemas con los que nos estamos encontrando son de ocupación, en lugares como Pontevedra el número de personas que se acercan hasta nosotros por no poder pagar el alquiler o la hipoteca se ha equilibrado", explica.

A través del Concello

Muchos de los afectados contactan con la plataforma a través de los servicios sociales del Concello de Pontevedra, ya que la PAH celebra sus asambleas en el edificio municipal Casa Azul, en la calle Sor Lucía.

"Nosotros solemos buscar la mediación a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo, IGVS, aportando un informe que nos facilitan las asistencias de Servizos Sociais, y les tramitamos la ayuda que la Xunta da a este tipo de familias. Entre lo poco que ellas consiguen por su cuenta y esa ayuda, que se puede extender hasta un máximo de tres años, se va solucionando el problema", asegura Feijoo sobre el procedimiento que hasta el momento han llevado a cabo desde Pontevedra.

Esta ayuda, que se mueve, en función de los ingresos, entre los 400 y los 600 euros. Más que criticar estas cantidades, la plataforma de Pontevedra aboga por la creación de mayor número de viviendas sociales. "En Pontevedra no las hay y en Vigo hay pocas y están ocupadas. Lo que suelen hacer, al final, es derivar a las familias a Vilagarcía de Arousa, porque allí sí las hay", informa. Esta situación provoca "el desarraigo de estas familias", en opinión de Feijoo, que puntualiza que tienen sus vidas hechas en otras localidades.

"Nosotros tocamos a la puerta de muchas instituciones y empresas para saber qué viviendas están vacías. Lo que reclamamos es que las viviendas que pertenecen a los bancos y que tiene la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se pongan a disposición de las familias", recalca el portavoz de la plataforma pontevedresa, una ideología que comparten el resto de colectivos de este tipo en toda España.

"La Sareb especula con estas viviendas. No pone las mejores a la venta, sino las que le han llegado por embargo o a través de la dación en pago de las promotoras, porque a las familias no les dan esa opción, pero a las promotoras sí", se lamenta.

Diego Feijoo destaca que "todas las semanas tenemos novedades en la plataforma". "En los últimos tres o cuatro meses se nos han acercado numerosas familias preguntando cómo pueden recuperar el dinero perdido con la cláusula suelo y los gastos de constitución de la hipoteca. Lo que hacemos es atenderlos en las asambleas", incide. En este sentido, explica que los gastos de hipoteca solo se pueden reclamar a través del juzgado. Respecto a la cláusula suelo, el afectado debe ir inicialmente al banco y entrar en un proceso de negociación de tres meses. "En caso de que no esté de acuerdo con la cantidad ofertada por la entidad bancaria, la familia puede llevar el caso al juzgado. Allí pueden pasar dos cosas: que el banco le haya ofrecido menos dinero, por lo que tiene que ponerlo más los intereses, o que ocurra lo contrario, ya que el juez puede cargar las costas a la familia", diferencia.

"Realmente el problema de la banca es que si todo el mundo reclama los gastos de constitución de hipoteca, aunque esta esté vencida, hundimos el sector. Por eso ahora estamos muy pendientes de esa posible ley hipotecaria que el Gobierno va a presentar en septiembre porque será un capote a la banca y nos afectará a nosotros. En breve volveréis a ver entidades empapeladas en Pontevedra", anuncia el portavoz de la PAH en la ciudad.