Desde la puesta en marcha del Centro de Interpretación das Torres Arzobispais (CITA) o el plan para mejorar las medianeras de A Peregrina el Concello no ha convocado un solo concurso público de proyectos a pesar de las obras llevadas a cabo en los últimos años. El Colegio de Arquitectos señaló a estas excepciones producidas hace ya años como ejemplo para reclamar a los gobiernos local, provincial, autonómico y estatal mayor transparencia y, especialmente, interés por la calidad final de las obras públicas, un extremo que, recuerda, solo garantiza la competencia y la evaluación por un jurado experto.

El Colegio de Arquitectos remitirá a las administraciones una hoja de buenas prácticas en las contrataciones con la idea de que en adelante su programa de obras sea una convocatoria "justa, proporcionada y a la que la gente pueda acceder en igualdad de condiciones", explicó el equipo que encabeza Manuel Abelleira, presidente de la entidad profesional.

Éste compareció ayer acompañado de la tesorera del colegio, María Pierres, y del secretario, Anselmo Villanueva, para expresar su preocupación porque las administraciones "en los últimos tiempos están haciendo demasiadas adjudicaciones discrecionales directas; conocemos la Ley de Contratos y sabemos que son legales pero no están dentro de las buenas prácticas".

Sin citar casos, reclamó de los gobiernos "más responsabilidad y sensibilidad" con un colectivo que ha perdido un 90% de la carga de trabajo en los últimos años, pero también interés por el resultado final de las obras. "Calidad no significa que los hagan los mismos sino que un jurado competente escoja al mejor", recordaron los arquitectos.

María Pierres incidió en la gran fuga de talentos de los últimos años. "En los últimos 15 años se han formado las generaciones mejor preparadas de la historia de la arquitectura española, que a su vez está a primer nivel mundial" y, no obstante, sus oportunidades "se han reducido muchísimo" por la crisis, a las que se suman este tipo de prácticas irregulares de las administraciones.

Son, no obstante, legales, como recuerda el Colegio de Arquitectos, que denuncia otras trabas para la libre concurrencia y la transparencia en la adjudicación de proyectos públicos como concursos restringidos y "condiciones abusivas o cotas de solvencia que impiden que el 90% de los estudios tengan acceso" a estos programas de obras.

"Se plantea que son concursos abiertos pero no lo son en realidad", denunció María Pierres, "se exige una determinada experiencia o facturación que no han llegado a tener arquitectos muy capacitados que por ejemplo han trabajado los últimos años por cuenta ajena".

Otras "perversiones de la ley" que denunció el presidente del Colegio de Arquitectos pasan por las bajas temerarias en los honorarios (demanda un pago justo a los profesionales) o que no se fragmenten los proyectos para poder adjudicarlos de modo directo ("a dedo").