Durante todo 2016 la oposición trató de forzar al gobierno local a limitar el número y regular el diseño de todos los "lombos", pero en diciembre pasado el BNG decidió paralizar por completo el acuerdo adoptado por la oposición en pleno nueve meses antes, en febrero, por el que se imponía una regulación para que se adaptaran a la normativa del Ministerio de Fomento.

La decisión, que dejaba al ejecutivo municipal "manos libres" para proseguir con su instalación, se basaba en varios informes técnicos que esgrimieron que esta normativa, aplicable en las carreteras estatales pero no en las calles municipales, supondría "eliminar muchos de los actuales reductores de velocidad, con una importante merma de la seguridad vial, y reformar otros, con un gasto que superaría los dos millones de euros".

Al tratarse de un acuerdo del pleno que implica un gasto, la junta de gobierno tiene potestad para decidir si se aplica o no y se echó al cesto de los papeles, igual que la petición de abrir "rutas sanitarias libres de lombos".

La norma de Fomento que la oposición exigía aplicar establece el ancho máximo de la "meseta" de cada "lombo" en cuatro metros y su altura, en diez centímetros, con una pendiente en las rampas entre el 4 y el 10% según la velocidad. Además, se aconseja que entre uno y otro haya una distancia mínima de 50 metros.