El gobierno local mantuvo ayer una reunión con la Plataforma Vecinal de Sanxenxo que les trasladó las principales reivindicaciones que plantean con respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles y a la valoración actual de las propiedades.
Tras más de dos horas de reunión, que se desarrolló en un ambiente cordial, el gobierno tripartito y la Plataforma acordaron establecer una periodicidad de reuniones de trabajo en las que ambas partes contrastarán las posibilidades de incrementar las bonificaciones a aplicar en este impuesto, a mayores de las ya propuestas por el grupo de gobierno y aprobadas en la última sesión plenaria.
El alcalde informó a los representantes vecinales que dichas bonificaciones están restringidas en el Plan de Ajuste aprobado por el Partido Popular en el año 2012 pero es compromiso del equipo de gobierno estudiar condiciones alternativas que permitan sustituir esta restricción por otras medidas económicas.
Críticas al PP y a Agís
Y es que el gobierno local coincide con la Plataforma en que la bajada lineal del IBI aprobada en pleno, con los votos favorables de PP y el edil no adscrito Roberto Carlos Agís, supone una "injusticia tributaria" ya que no contempla la realidad económica de las familias del municipio, y no convence ni a los grupos que integran el tripartito ni a la Plataforma Vecinal.
Tanto el alcalde, Gonzalo Pita, como los concejales de Economía, David Otero, el concejal de Urbanismo, Daniel Fernández y la edil de Medio Ambiente, Coral González-Haba, coincidieron con los representantes de la Plataforma Vecinal en que el problema de fondo está en los excesivos valores que alcanzaron las propiedades en la última revisión de la Ponencia de Valores, un parámetro aportado por el Catastro en base al estudio de mercado que acompaña a la propia Ponencia y que la Plataforma pone en cuestión.
En este sentido la Plataforma Vecinal insiste en la necesidad de proceder a una revisión del PXOM, una cuestión en la que el Gobierno local trata de solventar a través de modificaciones del planeamiento que reconozcan la singularidad de determinadas zonas de población que carecen de todos los servicios básicos pero cuya valoración catastral no recoge de forma justa estos déficits.
