La Xunta de Galicia da la razón al arrendatario del bajo del edificio de la Cámara Agraria Provincial, en su reclamación sobre la subasta pública de este inmueble. El Pazo de San Román, en la Praza do Teucro, se adjudicó en una puja a un grupo empresarial y esta venta comprendía la totalidad del inmueble. Sin embargo el propietario del restaurante ubicado en el bajo del edificio recurrió el proceso, alegando que tenía derecho prioritario de compra, al disponer de un contrato de arrendamiento anterior, que le otorga preferencia ante la posible venta del edificio.
Esta circunstancia no se tuvo en cuenta a la hora de subastar el inmueble el pasado 15 de abril y tras estudiar el recurso presentado por el inquilino del bajo, la Xunta echa por tierra el resultado de aquella subasta. Fue casi un mes después de la puja cuando el arrendatario del local situado en el bajo reclamó su "derecho de adquisición preferente", reconocido en su contrato de arrendamiento. Aquel acuerdo, de carácter privado, fue firmado en el año 2004 por la Cámara Agraria de Pontevedra con el inquilino del bajo y en él no participó la Xunta de Galicia.
Hasta el mes de agosto pasado el arrendatario no acabó de cumplir todos los requisitos para ejecutar su derecho de adquisición preferente. No obstante, a instancias de una de las partes (concretamente la persona que realizó la puja más alta en la subasta) la Administración autonómica trabajó para intentar conseguir un acuerdo entre las dos partes (arrendatario y nuevo comprador). Pero una vez constatado que no era posible conseguir un acuerdo, la Administración procedió a resolver el proceso, reconociendo la validez del derecho de adquisición preferente del arrendatario. Este derecho, pactado entre el arrendador del local (la Cámara Agraria) y el arrendatario, permite a este último igualar el precio máximo de la subasta.
La resolución está avalada por la Asesoría Jurídica y la Intervención de la Xunta de Galicia, según informa la propia Administración, que matiza que el mejor postor de la subasta "no tuvo en ningún momento derecho alguno sobre el inmueble", dado que la Administración no había llegado a realizar su adjudicación. Con la resolución que ahora dicta la Xunta, lo que hace es manifestar el consentimiento para realizar el contrato de compraventa con el arrendatario, ya que es el titular de esta competencia a quien le corresponde hacerlo, y no a los miembros de la mesa de la subasta. Con esta resolución, la Xunta de Galicia completa la enajenación de este inmueble.
El empresario Santiago Montejo, director general de la compañía de congelados Marfrío y administrador de otras sociedades mercantiles, había ofertado la mayor cantidad en la subasta pública del Pazo de San Román, sede de la antigua Cámara Agraria Provincial. La puja alcanzó la cantidad de 620.000 euros.
