Los primeros pasos públicos que programa el gobierno local para activar este programa europeo son la creación de un órgano propio de gestión y un grupo de participación social, con entrada a entidades de la ciudad y otras administraciones, pero no a la oposición. Tampoco se descarta convocar al Consello Económico y Social (CES) puesto que en su día este órgano consultivo aprobó por unanimidad la candidatura pontevedresa. En todo caso, ninguno de estos grupos tendrá poder de decisión sobre el reparto de los diez millones de euros.
La exclusión de los grupos de la oposición de esos órganos sociales ha levantado las quejas contra el BNG, que se limita a apuntar que se "tenga en cuenta" la opinión de un "grupo de participación social" en el que no tendrán cabida los grupos políticos. Para ellos, la comisión informativa se transformará en una "comisión de seguimiento" donde se analizarán los proyectos y la oposición "podrá formular propuestas".
Pero este modelo no resulta suficiente para la oposición, que recuerda que "en su día nos pidieron el apoyo para la candidatura ya que la unanimidad aumentaba la puntuación, pese a que criticamos la forma en la que se elaboró el documento y que no contó con nuestras propuestas, pero ese consenso se rompe ahora con este pucherazo del BNG"
