El Ministerio del Interior constató el pasado año un ligero aumento de los delitos de odio en la provincia de Pontevedra, según el balance realizado por este departamento en seguimiento de esta problemática. De las siete denuncias presentadas en 2014 ante la Policía Nacional o la Guardia Civil en 2014 se pasó a una docena en 2015. Con todo, se trata apenas de un 0,9% de los hechos conocidos en todo el territorio nacional y de un 18,7% del total de los que se registraron en Galicia, en donde A Coruña es la provincia con mayor incidencia de este tipo de delincuencia con un total 41 episodios.
Tanto la Fiscalía como las fuerzas de seguridad del Estado han puesto especial énfasis en la persecución de este tipo de delitos que atentan contra derechos fundamentales. Interior define como tal todas aquellas infracciones penales y administrativas cometidas contra las personas o la propiedad por cuestiones de "raza", etnia, religión o práctica religiosa, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, por razones de género, situación de pobreza y exclusión social o cualquier otro factor similar, como las diferencias ideológicas.
En Pontevedra, las más frecuentes son las acciones que tuvieron como trasfondo alguna situación de racismo o xenofobia (con 4 de los doce incidentes), seguido de los hechos contra personas que sufren algún tipo de discapacidad (tres casos) y finalmente hubo dos casos de incidentes contra personas por su ideología y otros dos más por motivo de su orientación o identidad sexual. Un último hecho tuvo que ver con personas o personas que atentaron contra la libertad de algún individuo o colectivo por motivo de sus creencias o prácticas religiosas. No hubo agresiones con trasfondo antisemita o aporofobia (rechazo o vejación por causa de pobreza) en la provincia, como tampoco hay constancia de casos de discriminación por razones de género, según el balance de Interior.
El estudio de Interior permitió también identificar a un total de 16 personas que pudieran ser víctimas de este tipo de hechos delictivos, cuatro por alguna discapacidad que padecen, otras tantas por su orientación o identidad sexual y las ocho restantes por una ataque físico o verbal por motivo de su raza o procedencia.
La mayoría de los hechos fueron esclarecidos, al resolver un 75% de las denuncias presentadas. No obstante, la mayoría son incidentes de carácter leve, algo que se desprende del hecho de que tan solo dos personas fueran detenidas o imputadas judicialmente por este tipo de delitos en la provincia en todo 2015. Una por un ataque a las libertades religiosas y otra por denigrar a una víctima a consecuencia de una discapacidad que padece.
