Dos sanciones de 3.000 y 6.010 euros a la empresa Cespa y ningún resultado acerca de la política de contratación de personal de la concesionaria de basuras. El gobierno local zanjó ayer el expediente investigador abierto en octubre pasado a esta compañía a raíz de las sospechas de supuestos enchufes destapados en la operación judicial Patos en febrero de 2014. La investigación abierta en su día por los juzgados sobre este mismo caso también está archivada provisionalmente, a la espera de recabar nueva documentación.

Tras salir a la luz un informe policial en el que se establecían presuntas relaciones entre concejales y funcionarios con contrataciones en Cespa, el Concello abrió un proceso interno para que la empresa detallara esas circunstancias, pero no ha llegado a conclusión alguna por la "total falta de colaboración" de Cespa, que desoyó las dos citaciones a su delegado en la ciudad para ser interrogado por el gobierno local sobre ese asunto. Esta es la razón de las dos sanciones: De 3.000 euros una por la primera desobediencia, y de 6.010 la segunda por su reiteración unos días después. La empresa argumentó entonces que su representante no atendió las convocatorias alegando que el asunto ya era objeto de investigación judicial.

"Incumplir el contrato"

Las sanciones ya habían sido propuestas en marzo y ayer se confirmaron por "incumplir de forma clara y patente la obligación que se incluye en el contrato con el Concello de suministrar información para tener conocimiento actualizado del servicio", según explicó ayer el portavoz municipal, Raimundo González Carballo. La multa final de 9.010 euros es inferior a la que se manejaba entonces, que apuntaba a un máximo de 12.020,24 euros.

González Carballo admitió que tras este asunto, las relaciones del Concello con Cespa no atraviesan su mejor momento, y se limitan a la mera "relación contractual", si bien aclaró que eso no implica medida paralela alguna. Estas multas no implican una rescisión del actual contrato de basuras, que concluye en el verano de 2017, pero sí figurarán en el historial de la empresa. Cespa, además del servicio de basuras, es la concesionaria, desde el pasado año, del servicio de mantenimiento de jardines.

Las pesquisas municipales internas se abrieron en octubre "a raíz de las informaciones periodísticas sobre posibles enchufes" de los que siempre se desvinculó el gobierno local. Sin embargo, el hecho de que aparecieran nombres no solo de concejales sino también de funcionarios impulsó este intento de "conocer el proceso de selección del personal y si existían interferencias en ese proceso". Se designó instructor del asunto al concejal de Personal, Vicente García Legísima, que solicitó a la concesionaria, el 22 de octubre, diversas información documental y el testimonio personal del jefe del servicio en Pontevedra. Sin embargo esa primera providencia "pidiendo colaboración" fue "totalmente desatendida", por lo que el 4 de noviembre se remitió un segundo escrito "pidiendo cierta documentación técnica de los contratos de los últimos cinco años y de nuevo la comparecencia del jefe de la explotación". La empresa remitió entonces "entre 400 y 500 contratos" pero no atendió la entrevista personal, lo que se interpreta como un "incumplimiento de la obligación contractual de facilitar información".

Ante esta situación, el instructor dio por cerrado el asunto el pasado 28 de enero, firmando la propuesta de expediente sancionador. Tras el oportuno plazo a la concesionaria para formular alegaciones, ayer se acordó elevar esa propuesta a definitiva, que Cespa, del grupo Ferrovial, podría recurrir por la vía judicial.