María Ramallo, alcaldesa de Marín, atribuye a una mera adscripción administrativa el reparto del IBI por parte del Catastro, y explica que el hecho de que Pontevedra se lleve la mayor parte de las nuevas naves responde a su ubicación en los últimos rellenos, donde hay más espacios de concesión, y que Hacienda adscribe a la capital.
En todo caso, Ramallo subraya que "es el Concello de Marín el que cobra el agua a esas empresas y la mayor parte de las licencias para nuevas obras y ampliaciones las tramitamos nosotros", por lo que insiste en reclamar la unificación del recinto portuario en el territorio de Marín. Esgrime el viejo argumento de que todos los rellenos ganados al mar "se hicieron desde el Puerto de Marín", lo que acreditaría su reclamación.
Al margen de reivindicaciones territoriales, esta indefinición urbanística tienen sus consecuencias en delimitar la potestad tributaria y fiscal de cada municipio en el recinto. Y esta situación lo único que genera es más conflictos, según ha advertido en varias ocasiones la propia Autoridad Portuaria en sus informes sobre sus cuentas anuales. En el de 2011 este documento alertaba claramente de que "la ausencia de la delimitación de los términos municipales dentro de la zona de servicio determina incidencias en los órdenes administrativo y tributario, en concreto en las tasas por agua y sumideros y por el Impuesto sobre bienes inmuebles", el que se determina en función de los padrones del Catastro.
