Los últimos conflictos surgidos en el IES de Poio, en especial la agresión de un alumno a otro a finales del pasado mes de octubre, ha llevado a la dirección del instituto y a la Concejalía de Educación a poner en marcha una campaña preventiva contra la violencia escolar que comenzó ayer con la primera de las charlas programadas a los estudiantes sobre las consecuencias de este tipo de comportamientos. Estas intervenciones directas con los alumnos se complementan con un refuerzo de la vigilancia en el tiempo de ocio, especialmente en el recreo, y con un escrito redactado por los padres, con sus preocupaciones. Esta carta, que puede ser firmada por todos los interesados, se remitirá a las autoridades educativas para solicitar posibles soluciones.

Estas medidas tienen el objetivo de normalizar plenamente la convivencia en las aulas, aunque se subraya que el episodio de octubre es una excepción en un instituto que escasos problemas de este tipo, al menos hasta ahora. La campaña incide en aspectos como la tolerancia y la no violencia y las charlas iniciadas ayer estaban dirigidas a alumnos de Primero de la ESO.

Corren a cargo de la asociación Arela, dentro del programa Ktorce18, un programa preventivo de conductas infractoras, de gran aceptación en la comunidad educativa, tanto para los estudiantes como para el profesorado, colectivos a los que está dirigida esta labor de formación. Entre otros asuntos, en estas conferencias se expuso a los asistentes el contenido de la Ley del Menor y la responsabilidad penal en la que pueden incurrir estos jóvenes, que se complementan también con explicaciones a padres y profesores. Se informa de los delitos más habituales a estas edades y las medidas judiciales que se aplican, todo ello acompañado de material audiovisual con ejemplos prácticos.

Los expertos señalan que cada vez son más abundantes episodios de cyberbulling y sexting. El primero es una modalidad de acoso y maltrato a través de las nuevas tecnologías (redes sociales, teléfono móvil) y el segundo se centra en el manejo de información sobre conductas sexuales de compañeros y su difusión sin consentimiento.

Todo ello se aplica en función de la Ley de Convivencia, ya en marcha desde la agresión de octubre, que incluyó un posterior acto de conciliación en el propio centro.