Mientras las ayudas para rehabilitar edificios antiguos no acaban de llegar, el Concello tiene en marcha desde hace seis meses una ordenanza específica que obliga a los propietarios a realizar inspecciones exhaustivas de sus inmuebles. La primera etapa de esta evaluación de edificios comenzó en abril pasado y son un total de 295 los que este año deberán superar una revisión de seguridad y condiciones de habitabilidad.
Si en estos tres meses y medio que faltan para 2016 no presentan el correspondiente certificado, sus propietarios se enfrentan a una posible sanción. De los 295 casos más urgentes, todos ellos levantados antes de 1943, en torno a un 45% se ubica en el centro histórico, mientras que en el resto de la ciudad hay cerca de cien y en el rural, algo más del 20%.
El Concello elaboró en su día un listado de estos primeros edificios y envió cartas a sus dueños. La relación incluye propiedades en la avenida da Coruña, Fernández Ladreda, Manuel del Palacio, la avenida de Marín y del Uruguay, Domingo Fontán, Campo da Torre, Alameda, Benito Corbal, Andrés Mellado, Andrés Muruais, Joaquín Costa, Fray Juan de Navarrete, Echegaray, Leiras Pulpeiro, Oliva, Santa Clara o Rosalía de Castro, entre otras.
Pero también es significativo el elevado número de inmuebles ubicados en el rural, toda vez que las viviendas unifamiliares (lo más abundante en las parroquias) no deberán presentar este informe hasta el final de 2018, con independencia de su antigüedad. La relación incluye más de sesenta inmuebles fuera del casco urbano, si bien en su mayoría corresponden a otro casco urbano, el de Estribela, en la parroquia de Lourizán. Al menos 30 casos corresponden a este territorio, aunque también figuran edificios de las parroquias de Salcedo, Marcón, Bora, Xeve, Tomeza, Lérez o Pontesampaio, entre otras ubicaciones.
