Los expedientes disciplinarios abiertos a afiliados de Ciudadanos en Pontevedra y la revocación de militancia a otros, hasta sumar unos 15 afectados en la ciudad, fueron originados por denuncias de otros militantes sobre los supuestos "daños a la imagen del partido" que ocasionaban sus comentarios. Así lo aseguró ayer Javier Chouza Gestoso, delegado de Ciudadanos en Galicia, quien añade que "con los estatutos del partido en la mano no se pueden hacer oídos sordos a estas denuncias, por lo que se investigaron los hechos y se comprobó que existían esos comentarios que tratan de poner a unos militantes en contra de la dirección del partido".
Se trata, en esencia, de los participantes en un grupo de WhatsApp formado en junio y donde, supuestamente, se hacían comentarios "inadecuados". Este tipo de expulsiones se han producido en otras ciudades gallegas, por lo que Javier Chouza cree que "no se trata de focos aislados, sino que está todo conectado", si bien no se atreve a explicar las razones de estos comportamientos.
El delegado en Galicia asegura que la retirada de militancia "no son expulsiones estrictamente". Salvo tres casos de apertura de expedientes, en el resto de los casos se trataba de afiliados con menos de seis meses de pertenencia al partido. "Los estatutos fijan ese plazo como una especie de periodo de prueba antes de su aceptación definitiva", que en estos casos no se superó.
El ambiente interno de Ciudadanos en Pontevedra ya está enrarecido desde hace semanas, después de que la ejecutiva local destituyera a su concejala María Rey como coordinadora. Chouza Gestoso explicó ayer que aquella medida fue legal y Rey dejó de ocupar ese puesto si bien continúa en la directiva y cuenta con el apoyo oficial de la cúpula de Ciudadanos. "La acusación de que estaba en connivencia con el BNG no es cierta y nunca nos hemos planteado que deje de ser concejala, con el añadido de que el acta es personal, no del partido", concluye Chouza.
