La dirección de Factoría Naval entregó al comité de empresa la documentación con la que quiere justificar un expediente de regulación de empleo (ERE) suspensivo de un año, un plazo que en principio la plantilla rechaza. En el inicio de la negociación, y a la espera de analizar la memoria explicativa del ERE, los representantes de los trabajadores entienden que la regulación no debe exceder de los cuatro meses. Serían los noventa días del límite legal del preconcurso de acreedores iniciado por la empresa el pasado 3 de junio, y otro mes para decidir si finalmente se presenta o no el concurso.
En una reunión celebrada ayer se inició esta negociación, que tendrá continuidad el próximo jueves 19, fecha en la que han quedado citados plantilla y dirección.
Alcaldesa de Marín
Además, los representantes del comité de empresa y del sindicato mayoritario en el mismo, CC OO, se reunieron también ayer con la alcaldesa de Marín, María Ramallo, a quien expusieron la nueva situación de crisis creada en el astillero. La regidora de Marín se comprometió con la plantilla a gestionar una entrevista con el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), y posteriormente con el conselleiro de Industria, para abordar la necesidad de desbloquear la financiación en las entidades financieras copropietarias del astillero, Bankia y Novagalicia Banco.
La empresa se enfrenta así a su tercer ERE desde que en el año 2010 entrase en una situación de crisis de la que aún no se ha repuesto, a pesar del aval de casi 23 millones de euros aportado por la Xunta de Galicia.
Factoría Naval no es la única empresa que se asoma de nuevo al abismo del cierre a pesar de haber contado con el apoyo financiero de la Administración en los últimos años. También la fábrica de tableros Tafisa, que en su traslado a la ubicación actual en el polígono de A Reigosa de Ponte Caldelas contó con ayudas públicas -según aseguran los trabajadores- amenaza con echar el cerrojo en la comarca de Pontevedra.
En cuanto al astillero marinense, la alcaldesa María Ramallo admitió tras el encuentro con el comité de empresa que "en estos momentos la situación es compleja por la deuda existente", por lo que se tratará de buscar una solución a la financiación que vuelve a necesitar la empresa, con la involucración del Igape, Xesgalicia (entidad gestora de entidades de capital de riesgo) y la Conselleria de Industria.
Las reuniones serán gestionadas desde la Alcaldía de Marín "con el objeto de que exista siempre información de primera mano hacia los trabajadores respecto a los pasos que se van dando por parte de los actores en este procedimiento, empresa y entidades financieras", indicó Ramallo. "A nadie se le escapa que las dificultades son muchas, numerosas y difíciles de gestionar, pero es evidente que se tratará de evitar un resultado que nadie desea", manifestó la regidora de Marín.
Suspensión
El secretario comarcal de CC OO en Pontevedra, José Luis Pedrosa, indicó al iniciarse la negociación del ERE que esta situación no debería prolongarse más allá de cuatro meses, dado que tras los plazos legales para decidir si entra en concurso de acreedores "la empresa no sabe qué va a hacer". La suspensión de contratos más allá de ese plazo afectaría a las posibles prestaciones de desempleo a las que tendrían derecho los 23 trabajadores que actualmente integran la plantilla de Factoría Naval. "La gente tendría que irse con buena parte del paro ya consumido", explicó Pedrosa.
Los representantes de la plantilla confían en poder reunirse tanto con el director del Igape como con el conselleiro de Industria la próxima semana. Les solicitarán que lleguen a un acuerdo con las entidades Bankia y Novagalicia Banco para encauzar la financiación que el astillero necesita.
