La Fiscalía judicializa la denuncia del PP sobre anomalías económicas del bipartito

La investigación atañe a todo el gobierno, pero no señala hacia responsabilidades personales - El escrito de la oposición apuntaba a que estas prácticas son "reiteradas"

01.04.2014 | 02:07
Bipartito y oposición, durante una sesión plenaria en el Concello de Poio. // Rafa Vázquez

Las supuestas anomalías económicas cometidas por el bipartito de Poio llegarán al juzgado. La Fiscalía ha decidido seguir adelante con la denuncia que realizó el Partido Popular y en la que apuntaba a "reiteradas" irregularidades en apartados monetarios y de contratación. El proceso, tal y como confirmó ayer el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, afecta al gobierno local en su conjunto y no a ninguno de sus integrantes en particular. Algo que también constaba en el escrito presentado por la oposición.

El proceder del bipartito a la hora de aprobar reconocimientos extrajudiciales de crédito u obviando en el pleno los reparos de Intervención será por tanto judicializado y ahora está a la espera de que se conozca qué juzgado llevará las diligencias. La denuncia que presentó el portavoz del PP, Ángel Moldes, recogía una presunta vulneración en los procesos de contratación al entender que el Ayuntamiento está "emitiendo facturas sin que exista partida presupuestaria".

Desde noviembre

Moldes indicaba en su escrito que estas decisiones se tomaban aun con la existencia de informes contrarios y "de reparo" del servicio de Intervención. La interventora municipal declaró ya en diciembre ante la Fiscalía. Ninguno de los ediles, en todo caso, fue llamado a declarar. Aladro, eso sí, requirió al gobierno local una serie de documentación. Además, ya a principios de este año, los populares aportaron ocho nuevos informes para completar su denuncia inicial refiriéndose, por ejemplo, a un reconocimiento de crédito de algo menos de medio millón de euros aprobado en la sesión plenaria de enero.

La formación conservadora habría pronunciado las críticas a la gestión económica del bipartito en numerosas ocasiones, tanto en ruedas de prensa del partido como en el pleno municipal, pero finalmente fue el 13 de noviembre cuando dio el paso de enviar la documentación para que sea el ministerio público el que investigue "si hay delito". En opinión de Moldes, las decisiones que adopta el gobierno local "vulneran procedimientos administrativos, vulneran el techo de gasto, el plazo de pagos y la ley de estabilidad presupuestaria".

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