El Plan Especial del Puerto que está a punto de aprobar la Xunta con la esperanza de que resuelva los graves problemas legales y urbanísticos del recinto portuario de Marín no hace más que generar desconfianza en el Concello de Pontevedra. Al margen de la polémica del deslinde o de sus dudas sobre su eficacia real a la hora de resolver el conflicto de los rellenos, la principal preocupación de la capital se concentra en las previsiones de abastecimiento de agua a todas las empresas e instalaciones portuarias. Así se pone de manifiesto en las alegaciones que Pontevedra acaba de remitir, una vez más, a este Plan Especial, e incluso se refrenda en un informe propio de Augas de Galicia. Este órgano de la Xunta admite que en su Plan Auga se pone de manifiesto que "el suministro y volumen de regulación no son suficientes para la demanda conjunta futuro de los municipios que conforman el sistema", si bien apela al proyecto de la empresa estatal Acuanorte para confiar en que se resuelvan en el futuro.
Sin embargo, los técnicos municipales, si bien coinciden en el diagnóstico de Augas de Galicia, no comparten su optimismo. Así, un de estos informes señala que "sigue sin requerirse ni incorporarse al documento elaborado informes de las empresas suministradoras de los servicios de abastecimiento de agua y de la que gestiona la red de alcantarillado. Aunque el documento elaborado por la Autoridad Portuaria reconoce expresamente la insuficiencia del capacidad del sistema de abastecimiento de este Concello, que suministra al Puerto de Marín, y pese a la previsión de una seria de ampliaciones de las instalaciones portuarias, no se tienen en consideración las necesidades de refuerzo de los servicios de agua potable ni de evacuación de aguas pluviales y residuales". Y por ello se insiste en que esta red, que se abastece del agua suministrada desde Pontevedra "está al límite de su capacidad, al igual que sucede con la depuradora de Placeres, también emplazada en este Concello".
Este informe también cuestiona la referencia a las obras de Acuanorte ya que "este proyecto soplo podría solucionar en el futuro los problemas de la red en alta" y no el suministro a menos escala, a empresas y domicilios. Las alegaciones pontevedresas aprovechan para denunciar una vez más la existencia de una "ilegal y clandestina conexión a lar de alta para abastecer al Puerto, llevada a cabo en el término municipal de Marín, sin autorización de Pontevedra".
Comercios y restaurantes
En otro amplio apartado de las alegaciones municipales se hace referencia a los posibles usos del recinto, más allá de los vinculados al mar. Se alerta de que en algunos sectores se admiten "servicios, equipamientos y dotaciones complementarios como estaciones de servicio de combustible, restauración, equipamientos sociales y comerciales y terciarios de oficina". Algunos de estos usos, en especial restaurantes y comercios, "no parecen ajustados a las finalidades de una zona portuaria ni vinculada a esta actividad puesto que se pueden hacer en cualquier suelo debidamente clasificado sin que redunde en la actividad del Puerto ni se necesite ubicarlos en esta situación para el desarrollo de su actividad pormenorizada a no ser que se limite a actividades comerciales vinculadas a la náutica y oficinas de astilleros o importación y exportación".
En la documentación que forma parte del Plan Especial la Xunta reconoce expresamente que el Puerto "ocupa parte de los municipios de Marín y Pontevedra", de ahí que la capital haga estas advertencias urbanísticas.
