Los tiempos de espera se alargan, los requisitos en los países de origen se endurecen , los controles de salida son más exigentes y como un factor no menor el elevado coste económico de la tramitación (miles de euros) ha provocado que durante el pasado año se formalizasen solo 62 solicitudes de adopción internacional en la provincia, la cifra más baja desde que comenzó el siglo XXI, de acuerdo con los datos facilitados por la Dirección Xeral de Familia e Inclusión de la Consellería de Traballo e Benestar. Fueron 24 solicitudes presentadas, un 27,9%, menos que el año anterior.
Muy lejos quedan balances como las 261 tramitaciones impulsadas en el 2005 o incluso las 129 registradas en el primer año de crisis, el 2008, fechas en las que triplicaban y duplicaban, respectivamente, la demandas de adopciones nacionales, las cuales, aún a la baja, mantienen oscilaciones más suaves.
En el año 2012, por primera vez en la última década, el número de personas o familias pontevedresas que solicitaron la adopción de un menor nacional superó a los que se decantaron por buscar en el extranjero al bebé deseado. Fueron 73 los que dieron el paso. En este mismo año 25 niños pasaron a ser hijos de pleno derecho de sus padres adoptivos, en tanto que 31 comenzaron el período de adaptación a la que será su nueva familia (acogimiento preadoptivo).
Elevado coste
"Frente a la adopción nacional que es gratuita, solo hay que abonar los costes de la recopilación de documentación exigida, la internacional implica un coste económico muy importante (de miles de euros): de tramitación, el viaje al país para recoger al niño, la estancia obligada para conocer al menor..." explican desde el área de Menores de la Xunta que también atribuyen la caída en la demanda de adopciones de menores extranjeros al hecho de que ya es mayor el número de solicitudes que de niños susceptibles de ser integrados en una familia gallega y por tanto existen más dificultades para que te asignen un bebé sano, un niño de corta edad sin problemas o sin hermanos, el perfil más demandado por los adoptantes.
Etiopía desplazó a China como el país de origen del mayor número de adoptados internacionales de Galicia. El cambio de legislación en el país asiático, que ahora permite y promueve la adopción en su propio país, ha recortado de manera sustancial las potenciales posibilidades de traer a un menor. Colombia y Rusia son los dos otros dos países que aportan más nacionales.
La nueva realidad hace que los pontevedreses interesados en formar o incorporar nuevos miembros a sus familias opten en primera instancia por las adopciones nacionales a pesar de que, en los últimos años "han disminuido, en general, las cifras de desprotección de menores", subrayan desde la Xunta, que trabaja con los menores tutelados, siempre que es posible, en alternativas a la adopción: reintegro, con apoyo, en la familia biológica; acogida con contactos periódicos y permanentes con padres o tutores o integración temporal en familias de acogida.
Príncipe Felipe
Un ejemplo de esta apuesta es la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, un centro educativo, residencial y asistencial en el que se trabajan todas las alternativas y del que salieron cinco niños en adopción en el último año y medio. En la actualidad, según confirmaba ayer su director, José Manuel Fernández, viven en el centro otros cinco menores de siete años que están en trámite de adopción.
Las oscilaciones, no muy acusadas, que se producen en la demanda de adopciones nacionales en Pontevedra no es óbice para que, tal como señalan fuentes oficiales "el número de bebés que son dados en adopción al nacer en la provincia se mantienen desde hace años en unas cifras bastante estables: 18-20 al año".
Aunque la economía de los pontevedreses ha empeorado y este hecho influye en el desplome de las adopciones internacionales y en el aumento de las nacionales -es un proceso totalmente gratuito-, la crisis no ha disparado el número de menores en situación de desamparo.
Aunque la falta de recursos económicos puede ser un "factor de riesgo", no se puede concluir que "el abandono de niños se incrementa con la crisis" , señalan los técnicos del servicio de Familia de la Xunta que puntualizan que esta falta de recursos "no es motivo por sí misma para declarar el desamparo del menor y asumir su tutela ya que los padres pueden estar actuando con responsabilidad en su cuidado".
