El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha afirmado que la empresa GRS Arc Local, investigada en la segunda fase de la 'Operación Pokémon', "no tiene, ni tuvo nunca, contrato alguno" con la institución provincial.
Así se manifestó el presidente de la institución provincial sobre las indagaciones de la jueza instructora de la 'Pokémon', Pilar de Lara Cifuentes, en relación a la gestión realizada por un imputado de la 'Operación Manga' en la Diputación pontevedresa.
En rueda de prensa, Rafael Louzán ha manifestado, a preguntas de los medios, que "no se le invitó nunca a participar en ningún procedimiento" a la empresa GRS Arc Local.
"En el primer semestre del año 2012 esta empresa envió por correo la plica para participar en el concurso público del Catastro en el que también participaron otras siete empresas, pero su oferta fue descartada porque no alcanzó la puntuación mínima exigida en la memoria técnica y ni siquiera pasó a la fase de valoración de precio: ni siquiera se puntuó", ha manifestado Louzán.
Audiencia Nacional
Por otra parte, preguntado sobre las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre la relación de los papeles de Bárcenas con el 'caso Gürtel', de la que el magistrado deduce "doble contabilidad" en el PP gallego a finales de los 90, Rafael Louzán se limitó a pedir "que se deje trabajar a la Justicia".
En este sentido, el también presidente del PP de Pontevedra ha asegurado que carece de datos sobre este tema. "No tengo información al respecto. No puedo decirles nada. Habrá que ver la veracidad de todo eso", ha apostillado
Mos
Por otra parte, se refirió a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, con quien contactó tras el requerimiento de la Fiscalía a raíz de contrataciones con la empresa de un amigo íntimo de la regidora. "Hablé con la alcaldesa y la documentación, tal como se nos presentó, cumple con la ley de contratos", ha defendido.
"Respecto a la propia labor de la Fiscalía, la documentación está enviada. Pero no hay ni imputación", ha subrayado el mandatario popular.
La Fiscalía admitió a trámite dos denuncias del BNG por supuestos tratos de favor del Ayuntamiento a una empresa de automoción vinculada por un importe de más de 100.000 euros durante los años 2011 y 2012 a la supuesta pareja sentimental de la regidora.
