Aunque el estudio informativo comenzó con 30 alternativas sobre la mesa, finalmente se seleccionaron cinco opciones y se opta por la denominada CO-3, que obliga a expropiar un total de 700.000 metros cuadrados y 19 edificaciones. En el resto de alternativas, los terrenos ocupados oscilan entre 190.000 y un millón de metros cuadrados, mientras que entre las edificaciones las cifras oscilan entre 15 y 35. De la opción considerada "más idónea", se calcula que 153.000 metros cuadrados son de uso agropecuario, mientras que otros 404.000 son de aprovechamiento forestal. El 1,27% del terreno ocupado (unos 9.000 cuadrados) está catalogado como residencial-industrial, mientras que el uso natural ocupa 97.000 metros y las infraestructuras rondan los 36.000.

Para afrontar todas estas expropiaciones, el Ministerio de Fomento calcula que serán necesarios 6.244.755 euros, la cantidad más baja de todas las alternativas estudiadas. En el resto esta cifra oscila entre los 7,4 y los 10 millones de euros, unas variaciones que también se reflejan en el presupuesto global. El trazado recomendado está cifrado en 110,3 millones de euros, mientras que los demás pasan con creces de esa cantidad: la denominada C-6 se presupuesta en 120,2 millones, la C-5 en 137,4, la CE-2 en 154 y la O-2 en 185 millones. La rebaja en el caso de la opción seleccionada se deriva no solo de unas menores expropiaciones sino también de la decisión de huir de túneles que encarecen la obra "tienen un difícil mantenimiento y afectan a la seguridad de los usuarios", según detalla el estudio informativo.

En cuanto a la valoración de los bienes a efectos expropiatorios, se utilizaron baremos como las condiciones del suelo, los planes urbanísticos de cada municipio, el mercado inmobiliario y otros procesos parecidos. Así, el suelo agropecuario y forestal se valora entre 1,8 y 3,5 euros el metro cuadrado, que sube a 154 para el residencial-industrial y cada edificación se valora en 150.000 euros unidad.