La propuesta de nuevo deslinde entre los municipios de Pontevedra y Poio, que otorgaría a este último municipio terrenos en los que ahora se asientan la comandancia de la Guardia Civil y el Parque de Bomberos, podría afectar a algo más de un centenar de parcelas particulares en Poio y a una cifra ligeramente inferior en la capital, cuyos propietarios deben ser informados y notificados, toda vez que el reparto en trámite podría suponer, en algún caso, el cambio de concellos de sus terrenos.

Así se puso de manifiesto en una reunión técnica y preparatoria que mantuvieron ayer delegaciones de ambos concellos, encabezadas por el alcalde de Poio, Luciano Sobral, y el concejal de Régimen Interior de Pontevedra, Vicente García Legísima, respectivamente. En el encuentro, desarrollado en las oficinas municipales capitalinas y que duró más de una hora, se analizaron diversos planos y documentación, con referencias incluso al siglo XVIII, y se ultimaron los detalles para la comisión convocada para el 21 de marzo en la que se pretende zanjar esta disputa que acumula alrededor de 25 años.

En función de qué deslinde se utilice (el de 1889 favorable a Poio, o el de 1938, que otorga más territorio a Pontevedra), resulta una relación u otra de afectados, si bien tanto Sobral como Legísima destacaron que "apenas hay edificaciones", ya que se trata de suelo no ocupado y en muchos casos son terrenos comunales. De hecho, en Pontevedra, buena parte de la zona en litigio está ocupada por la calle Domingo Fontán y sus alegados, hasta el arranque del puente das Correntes, la autopista y parte del parque de las marismas del Alba, al margen de las instalaciones de la Guardia Civil y Bomberos.

Además de las reuniones entre representantes de los dos concellos, cada gobierno local tiene previsto mantener encuentros de trabajo internos, con sus propios técnicos. La capital ya ha fijado una de esas citas para el próximo miércoles, 6 de marzo.