“Conforme”. Esto fue lo único que se le escuchó al alcalde de Portas, Roberto Vázquez, en su visita a los juzgados de Pontevedra. Una palabra que pronunció ante la juez y con la que acepta pagar casi 315.000 euros como condena por defraudar a Hacienda y falsear documentos con tal fin. Los delitos que admite haber cometido se circunscriben únicamente a su función como empresario al frente de una promotora con sede en Caldas. Se desligan, por tanto, de su faceta pública y por ello no se le ha inhabilitado para las funciones de esta última.

El regidor, que solicitó en julio la baja temporal del PP, acudió ayer a una vista de conformidad en el que la magistrada detalló cuáles eran las responsabilidades a las que tendría que hacer frente por haber cometido esas acciones ilegales al frente la sociedad Pazos Souto 2000. El desglose de las penas revela que Vázquez deberá pagar 98.400 euros de multa, 203.000 de indemnización a Hacienda y 9.000 de costas procesales. La condena también imponía dos penas de prisión, de tres meses por la falsedad documental y de seis por el fraude, algo que la defensa logró sustituir, contra el criterio del abogado del Estado, por una multa de 18 meses a razón de seis euros al día, un total de 3.700 euros que evitarán que Vázquez entre en prisión.

Asimismo, el condenado no podrá ejercer la labor administración de sociedades durante nueve meses. De todos modos, ello es ajeno a su función como regidor, algo sobre lo que se ha insistido a lo largo del proceso. Independientemente de esto último, la posibilidad de entrar en prisión podría ponerse encima de la mesa si dentro de dos años Roberto Vázquez no ha abonado todas estas cantidades a las que ha sido condenado.

La condena impuesta supone una rebaja con respecto a la propuesta del escrito de acusación, que solicitaba dos años de prisión y otros dos de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como 12 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros por el delito de falsedad. A todo ello se sumaban otros dos años de cárcel, dos de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, multa de 300.000 euros y pérdida del derecho a recibir beneficios o incentivos de la Seguridad Social durante cinco años.

La Fiscalía describió en su escrito las irregularidades cometidas por la sociedad Pazos Souto 2000. La empresa, dedicada a la promoción inmobiliaria de viviendas, construcción, reparación y conservación, presentó en 2005 una declaración fiscal que “no obedecía a las operaciones económicas reales de la misma”. Así, desde el ministerio público apuntaron tras la investigación que “los gastos fueron incrementados de forma injustificada, declarando unos gastos realizados por empresas que en realidad eran inexistentes”. Otro hecho que se calificó de “extraño” es la realización de los pagos “siempre en efectivo”, algo que como finalmente quedó demostrado atendió a una intención de realizar fraude económico.

El edil logró una rebaja en la pena por su intención de “reparar el daño”

El fiscal Augusto Santaló justifica la decisión de conceder a Roberto Vázquez la sustitución del ingreso en prisión por el pago argumentando que “hay garantías suficientes” para que se efectúe el pago, a través de hipotecas, si bien en caso de que no pagase las sanciones económicas impuestas, se le aplicaría la pena de cárcel. El tribunal, agregó, le aplicó la atenuante de “reparación del daño” y además la condena elimina el derecho a recibir beneficios o incentivos de la Seguridad Social durante cinco años.

El responsable del ministerio público incidió en que los hechos juzgados se limitan al papel de Roberto Vázquez como empresario, y no como alcalde. En este sentido, explicó que “cometió los delitos en calidad de administrador de una sociedad y en esa calidad fue juzgado”. Por ello, la inhabilitación que se le aplica no afecta a su cargo como regidor municipal porque “el delito fue cometido en el ámbito empresarial, no como alcalde ni como funcionario público”, precisó Santaló.

Por otro lado, el edil, que en ningún momento ha mostrado disposición a dimitir de su cargo, sí pasará a gobernar bajo siglas independientes. Algo que se tendría que ratificar en el próximo pleno de la corporación portense. Roberto Vázquez y el PP acordaron una baja que se apunta como provisional y que llega tras reiteradas peticiones de dimisión por parte de la oposición. BNG y PSOE la exigen al ver en el caso del mandatario de Portas un paralelismo al del dimitido Gerardo Conde Roa.