El gobierno local aprobará el martes el presupuesto municipal de 2012, un documento que alcanza los 63 millones de euros y que está marcado por las limitaciones de gasto, recortes de salarios y otras medidas acordadas por el Gobierno central para reducir el déficit público. Será en el pleno del martes cuando se despeje la incógnita de si el PP apoyará o no este documento, después de que el gobierno local haya aceptado diez de sus once enmiendas.
Sin embargo, en esa sesión no se aclararán las dudas sobre el panorama económico al que se puede enfrentar el Concello si se cumplen las peores previsiones de los técnicos municipales, unas previsiones que alertan del riesgo de que haya que hacer frente al pago imprevisto de más de diez millones de euros (no incluidos en el presupuesto) derivados de sentencias pendientes, reclamaciones de otras administraciones y otros asuntos que se califican como "expedientes abiertos".
Este peligro figura expresamente advertido en el informe técnico que analiza el presupuesto de este año, un documento que, al margen de otorgar su visto bueno general al borrador, pone especial énfasis en la necesidad de que se reserven fondos que puedan obtenerse a lo largo del año (remanentes, ingresos extraordinarios) para hacer frente a "gastos de importante cuantía".
En informe hace referencia a las "expropiaciones de Pasarón", que podrían sobrepasar lo previsto (1,4 millones de euros) debido a las "alegaciones presentadas por los afectados" a la valoración municipal. También cita el caso del terreno usurpado en el paseo de Os Gafos, con una sentencia firme que obliga a realizar una valoración para adquirir esa parcela. No hay una cifra concreta, pero se estima que podría ser, como mínimo, de tres millones de euros.
Otra "patata caliente" es la referida a las "posibles indemnizaciones" por el aparcamiento de Veteris, con una sentencia recurrida y que podría obligar al Concello a abonar otros tres millones más. Asimismo, se encuentra pendiente una reclamación de un millón de euros por parte de la empresa del servicio de aguas, Aquagest, a raíz de diversas "conexiones, sin autorización, del abastecimiento de agua al Puerto de Marín y al del Concello de Marín, en Mogor", todo ello, "sin olvidar" el caso Sogama, en el que la empresa solicita al menos 1,8 millones más por la diferencia entre las facturas que abona el Concello y las que se reclaman por el tratamiento de las facturas.
Aunque el informe no evalúa estos "gastos imprevistos", si aconseja que se reserven todos los fondos posibles "para el caso de tener que afrontar las cuantías que puedan derivarse" de estos casos.
Esta advertencia de los técnicos, en la que incide desde hace meses el PP, podría ser uno de los argumentos que esgrima la oposición en el pleno del martes para no votar a favor del presupuesto de este año, pese a que se aceptarán, en principio, sus enmiendas a favor de elevar los fondos destinados a servicios sociales.
