María Isabel Crespo Meis y su hija de 13 años de edad fueron desalojadas ayer por orden judicial, de su vivienda del número 98 de la calle Rosalía de Castro de Pontevedra. La expulsión de la mujer se realizó de forma traumática, mediante la intervención de doce agentes de Policía Nacional, que ejecutaron la orden de la Audiencia Provincial.
El desahucio se desarrolló entre dramáticas escenas protagonizadas por vecinos y familiares, algunos de ellos niños, en la vivienda que María Isabel compró hace nueve años.
Desde primeras horas de la mañana, además de la afectada y su hija esperaban a los funcionarios judiciales un grupo de familiares, vecinos y amigos. Tras el primer intento de expulsión de la casa, a las diez de la mañana, María Isabel Crespo se encadenó a los barrotes de un balcón de la vivienda.
Ante la resistencia pasiva de la mujer, los agentes de Policía Nacional desplegaron la fuerza necesaria para romper las cadenas y separar a la afectada de los brazos de su hija.
Tanto Isabel como una de sus hermanas, Patricia Crespo, tuvieron que ser trasladadas al hospital de Montecelo tras el violento desalojo, que se prolongó durante más de una hora. Patricia Crespo presentaba una brecha en la cabeza por la que manaba abundante sangre y se quejaba de varios golpes por todo el cuerpo.
María Isabel fue trasladada en volandas por los propios policías hasta la ambulancia, ya que se desvaneció durante el intenso forcejeo con los agentes.
Los hechos se desarrollaron entre gritos e insultos a los agentes judiciales y policiales, por parte de los vecinos y familiares concentrados en la vivienda y en la calle.
En los días previos a la ejecución del desahucio, María Isabel Crespo trató de solicitar un aplazamiento de la orden en la Audiencia, pero no lo logró porque los funcionarios judiciales no le permitieron acceder a hablar con el juez, ni demostraron "ningún interés por agilizar su caso", según explicó la propia afectada.
El embargo de la vivienda familiar está motivado por una deuda contraída por la ex pareja de María Isabel Crespo, unida "a la mala práctica profesional del anterior abogado de la pareja", según la afectada que también le ha denunciado por una supuesta estafa.
El matrimonio se separó de hecho en el año 2002 y la afectada continuó pagando la hipoteca de la vivienda hasta la actualidad y a pesar de los avisos de embargo.
El piso fue adquirido a una tía de María Isabel Crespo y forma parte de un grupo de casas, todas de propiedad familiar. En la vivienda contigua residen sus hermanos y en la planta baja su padre.
En el año 2004, la mujer recibió una notificación en la que se le informaba de que las deudas contraídas por su ex pareja afectaba al inmueble que ambos habían adquirido en régimen de gananciales. En principio su marido le aseguró que haría frente a los pagos, ya que ni ella ni la hija de ambos eran responsables de su deuda. A partir de ese momento el abogado de su cónyuge se hizo cargo del asunto pero -según explica Isabel Crespo- este letrado ocultó a la pareja las sucesivas comunicaciones que iba recibiendo de la causa, hasta que se encontró con su vivienda embargada y vendida a una promotora.
A principios de 2008 la mujer fue notificada por el juzgado del desahucio, siendo considerada ya como mera ocupante del inmueble y no como propietaria.
La afectada presentó una denuncia penal contra el abogado que llevaba el asunto, a quien acusa de práctica negligente con graves consecuencias para su familia, si bien afirma que desde el principio del proceso el letrado le "insinuó" que vender la propiedad a una inmobiliaria interesada por los terrenos, era la mejor solución al problema.
La afectada admite que por desconocimiento de la situación legal a la que se enfrentaba, no se divorció legalmente de su marido, ni realizó una separación de bienes, lo que le evitaría llegar a esta situación sin que nadie, ni siquiera su asesor legal, le hubiesen informado de las consecuencias. María Isabel Crespo lleva nueve años pagando la hipoteca de la vivienda. El pasado mes de mayo sufrió el primer intento de desahucio pero solicitó un aplazamiento. Ayer se ejecutó la sentencia.
