El posible derribo de chabolas enturbia el conflicto de O Vao

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   Chabolas del poblado de O Vao.
Chabolas del poblado de O Vao. Gustavo Santos
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Pueblo Gitano critica la orden judicial de acelerar la demolición pendiente porque "nos complica la vida".

REDACCIÓN / PONTEVEDRA La orden del Juzgado número 3 de Pontevedra en la que se requiere de nuevo al concello de Poio para acomete la demolición pendiente de la última chabola ilegal amenaza con enturbiar el conflicto de O Vao, cuando parecía encauzado. El presidente del Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, explicó ayer que esta orden "lo único que hace es complicarnos la vida" porque en esa chabola reside uno de los beneficiarios de las viviendas adquiridas por Poio en Monte Porreiro para realojar a los chabolistas, y que abandonaron después de la presión de los vecinos.
"Esta persona nos dice que si le tiran su vivienda tendrá que volver a Monte Porreiro (en concreto en la calle Portugal), pero Pueblo Gitano ha dado su palabra a la Xunta de que nadie de O Vao volverá al barrio pontevedrés", apunta Giménez, que añade que el chabolista afectado no estaría autorizado a ocupar ese piso de la calle Portugal, aunque "sí habría que volver a hablar con la Xunta".
En todo caso, esta familia no tomará ninguna decisión hasta que se ejecute, en su caso, el derribo, una demolición que Poio no parece dispuesto a acometer a corto plazo, y menos sin una alternativa de realojo.
Se pide más tiempo
El concello de Poio derribó en su día todas las chabolas con orden judicial salvo una, que quedó pendiente porque los técnicos estimaron que su demolición podía afectar a otras viviendas que se apoyaban sobre la construcción ilegal. Aún así, su inquilino fue trasladado a Monte Porreiro, acabó regresando a O Vao. El alcalde de Poio, Luciano Sobral alegó en contra del requerimiento judicial y pidió más tiempo, argumentando que no se dan "las óptimas condiciones" para proceder al derribo de otra chabola. "Soy consciente de que las sentencias hay que ejecutarlas, pero para evitar más problemas queremos llegar a un acuerdo con la familia afectada y para eso tiene que haber unas garantías para el realojo, que ahora mismo no se dan", explicó Sobral.

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