La construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ourense, ubicada en Reza, su posterior puesta en funcionamiento y la transferencia de las instalaciones al concello, lleva consigo que se aprecien diferencias entre el incremento de los costes, en relación al informe emitido por la actual concesionaria del servicio del agua, Viaqua, y el gobierno municipal, que en función del informe del técnico rebaja la cuantía que fija en algo más de 3,4 millones de euros al año.
En función del informe de la concesionaria, al que tuvo acceso FARO, el desglose del coste total de 3,4 millones de euros años se centra en el coste fijo, 1,3 millones de euros, mientras que los costes variables superan los 1,1 millones de euros, que junto a los gastos generales y beneficio industrial (del 10%), que asciende a 256.654 euros, está por encima de los 2,8 millones de euros, a los que se le debe sumar el IVA (21%), cuya cantidad es de 592.871 euros.
Por su parte, la ingeniera municipal del negociado de aguas, plasma en el informe relativo a la estimación de costes correspondientes a un año de gestión de las nuevas instalaciones de la EDAR, que "no es posible determinar con exactitud el coste de la explotación habida cuenta de su variabilidad". Y señala que "con carácter aproximativo", y después del análisis realizado a los diferentes documentos presentados tanto por la concesionaria del servicio del agua como por la sociedad estatal ACUAES, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, los costes de explotación, en ejecución material, "podrían estar entre los 1,9 y los 3 millones de euros".
Justificación de incremento
Lo que también refleja en las conclusiones de su informe la técnico municipal es que la estimación de costes correspondientes a un año de gestión presentado por Viaqua, en lo que se refiere a la ejecución material, supera los 2,5 millones de euros, aunque se excluye de esa valoración los costes relacionados con los equipos "Cleargreen, de la hidrólisis térmica y de la cogeneración, por no encontrarse todavía en funcionamiento".
Para señalar que los capítulos presupuestarios con mayor cuantía económica son el de personal y los que están directamente relacionados con el agua que se trata en la planta. Según las consideraciones de la técnico municipal, el capítulo de personal "parece justificado a los medios que se proponen, siempre y cuando se realicen las nuevas contrataciones, y no se atiendan las instalaciones con los medios adscritos a la actual concesión", que por ciento está en situación de "precariedad técnica", pues el contrato finalizó y dispone de seis meses de prorroga.
En lo que se refiere a los gastos de conservación y mantenimiento, entiende la funcionaria que "no son justificaos convenientemente por la concesionaria con facturas que avalen la valoración propuesta". Aunque advierte que "pudieran ser menores, toda vez que los equipos son nuevos y están en garantía, motivo por el cual la probabilidad de fallos por uso normal es baja".
Otro de los datos que analiza en su informe es la estimación de costes correspondientes a un año de explotación presentada por ACUAES al concello en diciembre de 2017, en la que valoraba los costes de explotación en 3,1 millones de euros, en ejecución material, considerando un período de estudio de 20 años. Aunque en enero de 2018 presentaron una nueva valoración con las "condiciones reales de entrada de caudal en planta, fijando los costes anuales de gestión en algo más de 2,1 millones de euros". y de la que se excluía a los equipos que todavía no se han puesto en funcionamiento.
La conclusión a la que llega la técnico municipal es que "existe bastante dispersión" entre las estimaciones realizadas especialmente en los denominados costes variables, que depende del modo de gestión de la planta y del caudal del agua tratado.
De esa forma alude a que durante el período de prueba, previo a la explotación, en 2017, gestionado por ACUAES, "pudiera no haber sido significativo por tratarse de un año especialmente seco". Por contra, durante los primeros meses del presente año "pudieran ser significativos por su elevada pluviometría", debido a las lluvias que se produjeron.
Y aunque no se concreta en el informe del negociado de aguas, por parte del gobierno se asume que se producirá un incremento de los costes con respecto a la anterior depuradora, que fue demolida, ya que en base a los costes reales de los años 2014 y 2015, se valoraban en un cuantía económica que superaba ligeramente el millón de euros.
Lo que si tiene claro el gobierno, y así lo avanzó en una junta de área el concejal de Medio Ambiente, José Araújo, al ser preguntado por los grupos de la oposición, es que ese incremento se verá reflejado en el recibo que deben abonar los ciudadanos, pero sin poder dar un porcentaje de ese aumento, máxime cuando se inicia un proceso para una nueva adjudicación del servicio del agua.
