Los asuntos relacionados con el urbanismo en la ciudad se han convertido en uno de los principales problemas para el Ayuntamiento. Así, si hace una semana el grupo municipal de Democracia Ourensana anunciaba que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que se encuentra en proceso de tramitación estaba "muerto y enterrado", la denuncia de un particular que se registró en el Concello el pasado 7 de marzo, y a la que tuvo acceso FARO, reclama la revisión de las licencias de obra y ocupación otorgadas al Sergas para la construcción y uso del nuevo centro hospitalaria. La denuncia argumenta que son "radicalmente nulas por vulnerar de manera flagrante la ordenación urbanística" y provocar la invasión de la calle Nuestra Señora de A Saínza, por donde discurre el nuevo acceso al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), y de una zona verde prevista en el Plan de Urbanismo vigente, el de 1986.
De ahí que una amenaza se cierne sobre el futuro de la ampliación del CHUO, la primera fase del Plan Director Hospital 2050. Las obras adjudicadas en febrero de 2014 por importe de más de 41 millones de euros, correspondían a la ampliación del complejo hospitalario y su urbanización inmediata ocupa una superficie total de 52.000 metros cuadrados, de los que más de 24.000 están destinados a áreas de hospitalización. Hay siete plantas y 15 unidades y casi 500 nuevas camas.
Sentencia judicial
Según se plasma en la denuncia, y así lo confirman a este diario fuentes municipales, la licencia de obra fue concedida inicialmente por el anterior gobierno bipartito de PSOE y BNG el 27 de marzo 2013, sobre la base de la ordenación provisional aprobada por la Xunta, y con la condición de realizar la urbanización del entorno inmediato. El proyecto de urbanización para esa área de reparto fue anulado por la sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 7 de marzo de 2013, antes incluso de la concesión de la licencia primitiva.
Técnicos consultados entienden que el gobierno bipartito no debió otorgar la licencia a sabiendas de la anulación del proyecto de urbanización.
Pero al final la licencia sí se otorgó, y las obras se iniciaron en 2015. Durante su ejecución el Sergas presentó un modificado del proyecto con reducción de la superficie de aparcamiento provocada por la existencia en el subsuelo de una tubería perteneciente a la red general de abastecimiento municipal que no había sido tenida en cuenta ni al redactar el proyecto inicial ni al tramitar su licencia.
Los servicios jurídicos municipales negaron que se pudiera tramitar un modificado de la licencia, con el argumento de que se había quedado sin efecto por haberse incumplido por parte del Sergas la condición que le fue impuesta de urbanizar el entorno. No había otra salida que estudiar la concesión de una nueva licencia para todo el conjunto, tanto para la obra ya realizada como para la modificación. Pero la anulación de la ordenación provisional por del TSXG dejaba definitivamente sin cobertura esta actuación y hacía imposible conceder una nueva licencia.
La solución que adoptó entonces el actual gobierno popular para salvar las supuestas irregularidades consumadas fue la de conceder por silencio administrativo una licencia separada para el modificado del proyecto, a sabiendas del informe negativo de los técnicos municipales que insistían en la necesidad de legalizar todo el conjunto.
El denunciante solicita la nulidad de las licencias de obra y de ocupación y apertura de la ampliación del CHUO, un pronunciamiento cuya consecuencia obligada sería la demolición de todo aquello que no fuese legalizable conforme al PXOU de 1986, y que afectaría también a la urbanización de ese tramo de la calle Nuestra Señora de A Saínza.
Además, reclama que se adopten medidas cautelares inmediatas dadas las graves consecuencias que se podrían derivar para terceros. En concreto, pide la suspensión de cualquier procedimiento de contratación de nuevos servicios de gestión de la ampliación del CHUO, ante el riesgo de que las empresas que concurriesen pudiesen resultar afectadas por la anulación sobrevenida de estos contratos.
Un procedimiento que la denuncia tacha de "gravísima ilegalidad", y esgrime por varias razones, como la de que el silencio administrativo, esto es, el tiempo transcurrido desde la presentación de la petición de la licencia sin contestación por parte del Concello, era negativo conforme a la legislación estatal. La Ordenación Provisional ya había sido anulada, entrando en vigor el Plan Xeral de 1986, con arreglo a que la construcción invade parte del vial y de una zona verde, con lo que no habría cobertura para esta actuación, y sería precisa una modificación del planeamiento.
También se señala que no es posible entender concedida por silencio administrativo una licencia que carece de apoyo en el PXOM de 2003, ni en la ordenación provisional, porque ambos fueron declarados nulos de pleno derecho por sentencias judiciales.
El denunciante advierte que el actual equipo de gobierno "es perfectamente consciente de que la justicia ha señalado que es inviable reconocer licencias por silencio positivo para proyectos amparados en el Plan de 2003 y en la ordenación provisional, por ser nulos de pleno derecho". Y citan el caso resuelto en un expediente similar por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Ourense.
Fuentes consultadas confirman que el departamento jurídico del Servicio de Licencias se habría negado a informar favorablemente las peticiones de licencias por silencio, por lo que la Concejalía de Urbanismo solicitó los informes relativos a estos expedientes a otro jurídico ajeno al departamento, como ya hizo en otros casos que recientemente fueron denunciados, y de esa forma continuar con los proyectos.
