Un informe de Intervención, en este caso a través de una nota de reparo, cuestiona el pago de horas extraordinarias al servicio de Bomberos y Extinción de Incendios del Concello de Ourense, que en su momento fueron avaladas por el servicio de Personal y Recursos Humanos. Así, el interventor alude al Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo para empleados públicos, en el que se establece "la prohibición" de realizar trabajos fuera de la jornada normal, salvo las excepciones necesarias y con un tope máximo del equivalente a 80 horas extraordinarias anuales para el personal laboral y de 25 horas para el personal funcionario.
La excepción de ese límite de horas extraordinarias serían las situaciones de "fuerza mayor", que se esgrimen por parte del gobierno municipal, y que para el interventor no se da, ya que viene dada por la necesidad de garantizar y contar con un retén mínimo de 11 bomberos, sobre todo en lo que se refiere en los meses de verano.
La "contundencia" del informe del interventor llevó al grupo de Democracia Ourensana a denunciar lo que considera una "bacanal económica" que sitúa en el 90% de los bomberos, en este caso a cuenta de horas extras "prohibidas". Y advierte que el máximo permitido son 25 anuales, pero en el algún caso en el servicio de bomberos "se exceden en un 70%".
Caso omiso
De esa forma, y según los datos de que dispone, el portavoz de DO, Pérez Jácome, asegura que estamos ante un "desfalco", repartido entre bomberos que supera los 100.000 euros al año, con especial incidencia en los meses de verano, en los que las cuantías a percibir se disparan.
Pero en lo que incide Jácome es en que se trata de unos pagos que fueron reparados por el interventor, y el grupo de gobierno popular "hizo caso omiso". Es por eso que, como considera que se trata de "algo ilegal", pedirá que "se devuelva el dinero, y en todo caso se le compense con permutas de horas, los servicios prestados".
Y con una advertencia clara, en el sentido de que si no se devuelve el dinero que sostiene fue "ilegalmente percibido", DO acudirá al Juzgado todo el asunto.
De lo que no tiene duda Pérez Jácome es que "esta irregularidad está permitía" por el gobierno popular, que prefiere "agasajar con sueldos inflados al cuerpo de bomberos, y no contratar más efectivos para repartir horarios y obviamente los sueldos".
Para recordar que desde el gobierno no se puede alegar, como se viene argumentando en otros casos, que no se puede contratar, al escudarse en la famosa "ley Montoro", toda vez que para los cuerpos de Seguridad, incluidos los bomberos, se puede proceder a la reposición del cien por cien. Aunque en lo que va de mandato no se sacó ningún tipo de proceso para el servicio, a pesar de las denuncias de sindicatos sobre la pérdida de efectivos.
