El Pazo de Xustiza, un edificio noble que preside la plaza de Concepción Arenal, fue hasta 2015 el epicentro de la administración de justicia en Ourense. El inmueble no era suficiente, entonces, para albergar todos los servicios. La mudanza de la mayoría de tribunales al nuevo edificio de O Couto dejó vacíos los espacios, salvo la Audiencia Provincial y la Fiscalía y el juzgado de Menores. La Xunta, propietaria de ambos inmuebles, asignó nuevos usos al viejo edificio, como un archivo, un aula de formación, la separación en dos plantas de las dos secciones de la Audiencia (civil y penal), o la instalación de una sala para testigos y otra para prensa. El cambio más radical aún se acomete y afectará a la planta baja más una parte del primer piso. La Xunta usará esa zona del viejo edificio judicial como sede de la Policía Autonómica para ahorrar 65.000 euros al año en el alquiler de la actual oficina, que no es propiedad de la administración. Los trabajos se ejecutan desde agosto pero, según denuncia UGT, se acometen pese a la falta de los permisos pertinentes. Toda modificación en el edificio, inventariado en el catálogo de patrimonio cultural y con protección estructural, requiere permiso expreso.

El concejal de Urbanismo de Ourense, José Cudeiro (PP), asegura que el Ayuntamiento inició un expediente de disciplina urbanística tras requerir a la titular el documento de solicitud de obra después de una pregunta en junta de área que discutía la existencia de todos los permisos necesarios. Los técnicos y jurídicos informarán si cabe una sanción a la promotora de la obra, la Xunta. Según el edil, la reforma para la Policía Autonómica se ejecuta en dos fases. La primera está amparada por una actuación comunicada que permite empezar con los trabajos a los 15 días de la recepción del informe obligatorio de Patrimonio. Para la segunda fase, de mayor afectación en el edificio, todavía no se ha recibido el visto bueno necesario, según Cudeiro, por lo que la tramitación del permiso necesario no finalizó.

El concejal cataloga la reforma del Pazo como una obra menor. En este caso, las autorizaciones se conceden por decreto y no es necesario pasar por la junta de gobierno local. El responsable de UGT-Justicia, Manuel Carvajal, discrepa. "Se trata de obras mayores y no basta con una simple actuación comunicada, sino que se requiere un proyecto de obras, algo de lo que no tenemos constancia que se haya aportado". El sindicalista asegura que los trabajos de adecuación de esa segunda fase, para la que todavía no existe el visto bueno de Patrimonio, están en marcha "desde hace un mes más o menos".

Según Carvajal, "se están haciendo instalaciones eléctricas, de agua para las duchas de los vestuarios, así como divisiones interiores. Frente a la puerta de entrada, por donde se accedía al juzgado de guardia, se ha abierto un hueco que da al patio interior del edificio para poder instalar un ascensor". Para permitir la instalación del elevador, continúa el representante de UGT, convencido de que la reforma exige permisos de obra mayor, "se tuvo que construir un foso para la instalación de la estructura y abrir los huecos necesarios en cada piso para alojar las puertas y crear un acceso entre el exterior y el interior del edificio. En definitiva, en la planta baja donde se encontraba el juzgado de guardia tuvieron que picar el forjado y abrir puertas en cada planta".

El 31 de julio, el vicepresidente de la Xunta y responsable del área de Xustiza, visitó el Pazo para anunciar el comienzo de las obras de adecuación de espacios para la sede de la Autonómica, que cuenta en Ourense con unos 50 agentes. Tendrá entrada independiente por la parte de atrás y estará separada de los juzgados. En la primera fase de la reforma, la que cuenta con permiso de Patrimonio según las explicaciones del edil de Urbanismo, se desmontaron las oficinas del archivo para trasladarlas de la primera a la tercera planta. La segunda fase, cuya autorización preceptiva sigue pendiente, consiste en la rehabilitación de la planta baja. En agosto, la Xunta anunció que la reforma estaría terminada "previsiblemente" antes de que finalice el año.

El cambio de uso costará 125.000 euros. En la planta baja se ubicará el acceso exclusivo a la comisaría, los vestuarios, la sala de reuniones, así como el habitáculo para el armero y los escudos. En el primero piso habrá oficinas, despachos y archivos. Una escalera y el ascensor permitirán la comunicación interna de la sede. Además, los sistemas de calefacción y electricidad se adaptarán para su uso por parte de la sede policial, separado del resto del edificio. Los vehículos camuflados, las motos y otras unidades de la flota se guardarán en un parking cerrado en el edificio 151 de la Rúa Progreso. Frente a la comisaría, en la parte trasera, también quedará un espacio disponible para el aparcamiento.

Basándose en un documento de la Xunta, UGT tiene constancia de que el 27 de octubre, cuando presentó un escrito en el Concello pidiendo información sobre la legalidad de la reforma, "no había solicitada ninguna licencia". El 30 de octubre el jefe Territorial de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pidió autorización para hacer las obras proyectadas. El 3 de noviembre emitió informe el arquitecto del Servicio de Patrimonio Cultural y el 6 de noviembre se remitió al Concello la autorización de adaptación de espacios por parte de la jefa del Servizo de Coordinación da Área Cultural.

El sindicato, que no tiene constancia de ningún trámite más desde entonces, mantiene su criterio de que la reforma debería seguir el trámite de obra mayor. "Una vez remitida la autorización por Patrimonio el 6 de noviembre, el trámite siguiente sería la emisión de un informe jurídico por el servicio de licencias del Concello y otro de la propuesta para obtener licencia que se tiene que remitir a la Junta Local de Gobierno. UGT solicitó copia de los informes y expediente sin que hasta la fecha se facilitara ninguna de ambas cosas".

El pasado 21 de noviembre, UGT pidió a la jefatura provincial de patrimonio copia o acceso al expediente de la reforma para saber si se reunió la comisión que debe autorizar estas obras, si se cumplió el procedimiento y, en definitiva, "si efectivamente se han iniciado las obras sin licencias y si por parte del Concello se ha iniciado un expediente por una infracción urbanística con las consecuencias que esto conllevaría".