Los grupos de la oposición en la Diputación provincial pidieron ayer explicaciones al presidente, José Manuel Baltar, por la sentencia que anula el concurso interno promovido por la institución para la provisión de un centenar de plazas y denunciado por la CIG ya que el proceso exigía a los aspirantes que estuviesen ejerciendo las funciones requeridas.
La Diputación ya ha anunciado que recurrirá la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Ourense pero PSOE, BNG y DO sostienen que la sentencia "confirma que Baltar heredó la Diputación de su padre, pero también las prácticas ilegales", en palabras del portavoz socialista, Francisco Fraga, que ha solicitado un informe técnico al jefe de recursos humanos de la Diputación que detalle las consecuencias económicas y técnicas de esta decisión judicial. "Estamos ante un nuevo caso de enchufes masivos", añade.
El portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome da por hecho que esta sentencia no tendrá consecuencias políticas en una institución en la que el sistema, apuntó, "está podrido". De ahí que confía en que sean los ciudadanos los que cambien esta situación a través de las urnas en 2019.
Por su parte, el diputado del BNG, Ramiro Rodríguez, señala que la sentencia "corrobora" lo que su grupo lleva 30 años denunciando: "Nada cambió en el fondo, solo en las formas".
