Dos acusados de un delito contra la ordenación del territorio llegaron ayer a un pacto con la Fiscalía en el que reconocieron que llevaron adelante varias edificaciones en una finca de la localidad de Barrán, en Piñor, calificada como suelo rústico y "a sabiendas" de que carecían de la preceptiva licencia municipal y autorización autonómica. De hecho, tal y como recoge el escrito de acusación, el Concello de Piñor puso estos extremos en conocimiento de los acusados al incoar un expediente urbanístico.
La pena de dos años de prisión solicitada inicialmente para cada uno de ellos quedó reducida a seis meses de cárcel por conformidad de los dos acusados, a la que se suma una multa de 540 euros. La Fiscalía aplicó también la atenuante de reparación del daño ya que lo construido ilegalmente fue demolido con un coste de 10.087 euros al que deben hacer frente los dos promotores.
Ambos acusados, "de mutuo acuerdo", iniciaron en 2010 en una finca de Barrán una edificación anexa a un pajar que también fue ampliado, además de tres alpendres ocupando la práctica totalidad de la parcela, lo que supuso un aumento del volumen del 89% sobre la construcción original. Asimismo, ampliaron la vivienda familiar tradicional de planta baja y alta superando en un 100% su volumen.
Dichas obras, señala el escrito de acusación, no son legalizables ya que el Concello de Piñor carece de plan general de urbanismo y los terrenos en los que se llevaron a cabo no reúnen la condición de suelo urbano consolidado, ni están incluidos en la delimitación de suelo de núcleo rural, por lo que son suelo rústico. Con esa calificación, señala la acusación, los usos construidos no están permitidos.
