Carlos P. recibió una notificación de embargo en marzo de 2013 y no sabía a qué podía deberse. Cuando fue al Concello de Ourense a averiguarlo le dijeron que se trataba de un impago de tasas por el uso de veladores. Una solicitud que, según él, nunca hizo. En el documento aparecía una rúbrica similar pero no era la suya, por eso presentó denuncia. Al ayuntamiento llegó otra instancia con una firma supuestamente falseada. La hostelera María Josefa Caldelas, que gestionó entre 2008 y 2011 el pub Seven en la Plaza das Mercedes, en régimen de cesión por parte del denunciante y otro socio, se sentó en el banquillo de los acusados ayer. Negó haber delinquido.

El fiscal no ve motivos para condenarla por falsedad documental, por lo que reiteró su petición de archivo. La acusación particular le atribuye dos presuntos delitos, no tanto por el hecho de que ella simulara las firmas sino de que se beneficiaria del engaño. La parte solicita por cada uno la pena de 1 año y 9 meses de prisión y multa de 5.400 euros, más el pago de la indemnización que se determine en la fase de ejecución de sentencia por el perjuicio moral causado al denunciante más allá de los 1.100 euros del embargo.

"Yo no llevaba el papeleo, tenía un contable y me limitaba a ejercer la actividad. Nunca presenté ninguna solicitud. Los papeles se dejaban en el Latino para que los firmara Carlos y él firmó los todo, que a mí me conste. Actuábamos de buena fe", fue hilando en el interrogatorio la acusada, exparlamentaria autonómica del PP y mujer del presidente de la Diputación, José Manuel Baltar. En su derecho a la última palabra, reiteró que no había cometido ningún delito.

Caldelas dejó la explotación, de la que se hizo cargo en septiembre de 2008, poco después de que la justicia determinara que la licencia del local era de café bar y no de pub (especial), un permiso que además estaba a nombre de uno de los socios y era intransferible. Los demandó a ambos en la vía civil pero la justicia falló en su contra, en firme. En la vía penal, que ayer quedó vista para sentencia, el denunciante acusa a la empresaria de simular su firma en dos escritos: para solicitar en marzo de 2009 la instalación de 10 veladores y para pedir, en abril de 2011, una prórroga con el fin de hacer obras para mejorar el aislamiento acústico del local. La acusación sostiene que la intención de la hostelera, que había pagado 60.000 euros por el traspaso, era poder explotar el negocio como un café bar especial toda vez que, a diferencia del negocio, dicha licencia de actividad a nombre de Carlos P. no se podía transmitir a otra persona.

Caldelas defiende que de tramitar el papeleo se encargaba su asesor y que ella nunca presentó documentos en el ayuntamientos, aunque asegura que todos llevaban firma del denunciante después de que se le dejaran en un sobre en la cafetería de su socio, una versión que avaló el contable. Según la acusada, había un "pacto verbal" para poder hacer solicitudes a su nombre, pasándolas luego a su firma.

El denunciante declaró tras ella ayer en el juicio celebrado en el Penal 1, y rebatió su versión. Mantiene que la firma de la solicitud de veladores no era suya, y que nunca se dejaban documentos a su nombre en el Latino para que los firmase, una postura que ratificó el propietario de la cafetería y socio del denunciante. Carlos P. no puede asegurar que la persona que firmó por él fuera la acusada María Josefa Caldelas.

La autoría de la rúbrica no ha sido verificada por la justicia. La acusación particular solicitó una prueba pericial en la fase de instrucción, pero la práctica le fue denegada. El letrado la propuso en el escrito de acusación y reiteró la petición ayer, en las cuestiones previas de la vista. La magistrada la rechazó, argumentando que no incumbe a su instancia hacer diligencias de investigación.