La fiscal solicita una condena de 4 años de prisión para J. L G. Á. como presunto autor de un delito continuado de estafa (2 años y medio), más otro de apropiación indebida (año y medio), entre los años 2013 y 2014. El encausado, un intermediario, tendría que indemnizar con 17.300 euros a la prestamista que le había entregado cantidades de dinero por supuestos contratos con clientes. El hombre, propietario y administrador único de una mercantil con sede en Ourense, acordó hacer de comisionista entre ella y los posibles futuros prestatarios que el propio acusado designara, cobrando por ello una comisión.

El juicio se celebró en el Penal 1 de Ourense. La defensa ha declinado hacer valoraciones. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el 3 de abril e 2013 obtuvo 2.000 euros de la prestamista para un contrato privado con un particular. El DNI reflejado en el contrato no se correspondía en la letra ni tampoco el domicilio.

El 21 de mayo de 2013, recibió 1.700 euros de la mujer para un contrato privado con otro cliente. El 20 de junio, el 21 y el 28 del mismo mes, el acusado obtuvo 1.700, 1.200 y 2.000 euros. Una de las personas no existía y el número de DNI que apareció de otra no se correspondía.

En septiembre y noviembre de 2013, así como en enero de 2014, constan según la fiscal otras dos recepciones de dinero por parte de la prestamista, por importe de 1.700 euros en las dos primeras ocasiones. El último contrato privado era una regularización. Según el ministerio público, en todos los casos anteriores el dinero entregado pasó directamente a adjuntarlo a su patrimonio.

Además y con la misma intención constan otras dos actuaciones presuntamente delictivas. En un caso, el acusado obtuvo dos entregas de 1.600 euros de la prestamista mientras que la clienta asegura que solo recibió 700 y 500 euros. La particular abonó 7 cuotas de 133,33 euros y otra de 440. Según la fiscal, el acusado también se quedó con este dinero salvo un pago de 133,33 euros.

Por último, la acusación pública culpa al presunto estafador de quedarse 2.000 euros que un particular le entregó en mano para cancelar un contrato, en fecha 13 de julio de 2014.