La fiscal mantuvo ayer su acusación contra el representante de una empresa de telefonía móvil juzgado en el Penal 1 de Ourense por un presunto delito de estafa. La representante del ministerio público pide una pena de 8 meses de prisión. Presuntamente, el hombre cobró 857 euros por tres terminales encargados por la representante de una empresa, pero no llegó a enviárselos. El acusado, que niega el delito de estafa, carece de antecedentes.
