En el ayuntamiento ourensano de O Bolo (menos de 1.000 habitantes, según la última estadística) la política municipal se había instalado en los juzgados. El PSOE local -en minoría en la oposición, con 3 ediles frente a 5 del PP- presentó dos denuncias por lo penal contra el alcalde, Manuel Corzo (PP), un veterano en el poder desde 1991. Ambas dieron lugar a diligencias en el juzgado único de Trives, aunque por ahora el munícipe solo ha tenido que declarar como investigado por la primera. La magistrada Susana Conde acaba de dictar el archivo de ese caso, en el que se investigaba una presunta prevaricación administrativa del regidor por, presuntamente, no facilitar documentación a los socialistas y no convocar plenos extraordinarios.

Manuel Corzo declaró el 23 de febrero en calidad de investigado. El denunciante es el portavoz municipal del PSOE, Juan Ferreira. Semanas después regresó al juzgado para presentar una segunda denuncia, responsabilizando al regidor de no solucionar el problema de la potabilidad del agua en una aldea. No consta citación a Corzo en esta causa.

En la recién archivada, al alcalde lo asistió el abogado Miguel Diéguez Díaz, del despacho ESEDE. En un auto de 29 de marzo, la juez acuerda el sobreseimiento provisional hasta que se reciba un informe de la Valedora do Pobo. "De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones". La resolución todavía no es firme. Admite recurso de reforma -ante la propia juez- y apelación a la Audiencia Provincial de Ourense.

La instructora de Trives resuelve en el mismo sentido que había propuesto la Fiscalía, tras advertir de que la Valedora do Pobo podría tener en marcha un expediente por la misma razón que las diligencias penales abiertas. Con el objetivo de "recabar información que puede aportar más luz sobre este tema e inclinar la balanza en uno u otro sentido", el representante del ministerio público solicitó que se requiriese al organismo con sede en Santiago de Compostela para que remita una copia del expediente y la resolución -si existe- relativos a una queja del portavoz local del PSOE "sobre no acceso a la información". Entre tanto, el pidió que se decretara el archivo provisional mientras se tramita el oficio a la Valedora y se recibe la contestación.

Asimismo, la acusación pública se mostró en desacuerdo con la solicitud de testificales planteada por el PSOE, la acusación particular. En un primer escrito, el denunciante solicitaba la declaración de 7 personas. "No se da razón ni se tiene conocimiento de qué van a aportar las testificales de dichas personas. Algunos son afines a las ideas políticas del denunciante y no se alcanza a saber qué va a aportar su testimonio", expresa el fiscal en un informe de 22 de marzo. En otro escrito, el PSOE propuso la declaración como testigo de la secretaria -a la que había denunciado inicialmente- y otras dos personas. El ministerio público pidió esperar al resultado del informe requerido a la Valedora. La juez de Trives coincide y cierra provisionalmente la causa hasta tener ese documento.