No todas las solicitudes de justicia gratuita son admitidas o reconocidas por la administración que asume el coste generado por estos servicios jurídicos. El pasado año, del total de 4.743 expedientes tramitados, 761 fueron desestimados. La responsable del turno de oficio en Ourense, Esperanza Fernández, explica que esto no quiere decir que el usuario no obtenga la asistencia, sino que la administración, en este caso la Xunta, las desestima por no cumplir los requisitos y no las incluye en la partida económica que asigna al turno de oficio, por lo que acaban siendo asumidas por los letrados. La causa más frecuente es que el demandante supere los ingresos mínimos que se requieren o que se rechace porque no se aportó toda la documentación.
Para poder acceder a la justicia gratuita se establece un umbral de ingresos mensuales de 1.065 euros o 12.780 euros anuales cuando se trata de una unidad familiar de una única persona. Estos baremos varían según el número de miembros.
