El archivo de las actuaciones relacionadas con la instalación de depuradoras compactas en los núcleos rurales de la provincia por parte del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense que se hizo público el jueves por la tarde se coló también en el pleno de la Diputación, al hilo de una moción presentada por el PSOE que pedía, entre otras cuestiones relacionadas con las fosas sépticas, la rebaja de un 20% en el coste del mantenimiento de estas instalaciones. La propuesta fue rechazada por el PP, cuyo portavoz, Plácido Álvarez, defendió la vigencia del actual convenio que ya regula estas ayudas y servicios.
En relación con el archivo, el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, consideró una "buena noticia" el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones que afectaban, como único investigado, al funcionario jefe del servicio de Medio Ambiente que redactó el pliego de contratación, ya que esta decisión le da "la razón" a la institución.
La investigación se inició a partir del informe de la oficina antifraude de la Unión Europea, OLAF, que concluyó que el proceso de contratación favoreció a la empresa adjudicataria, Soluciones Medioambientales y Aguas (SMA). PSOE y BNG trasladaron a la Fiscalía este documento, que sugería la posibilidad de que se hubiesen cometido delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude, y finalmente se personó el grupo socialista. Tras un primer archivo y posterior reapertura por parte de la Audiencia, el juez instructor concluye que no hay pruebas suficientes que acrediten la existencia de hechos delictivos y que, además, parte de ellos están prescritos.
Baltar Blanco indicó que este nuevo archivo "debe interpretarse como una buena noticia para la provincia", aunque "probablemente alguno no se alegre por esta resolución", insinuó. Por ello, ha pedido "prudencia" ya que contra dicha sentencia cabe recurso. En este sentido, el presidente provincial indicó que este auto judicial "quita veracidad a todas esas cuestiones que se vertieron contra la honra no sólo contra el nombre de la institución sino contra funcionarios".
Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Fraga, indicó que tiene que "valorar pormenorizadamente" la decisión judicial, "antes de tomar una determinación". A la espera de decidir si recurren o no el auto, ya que están personados en la causa, el diputado socialista recordó que la OLAF "sí advirtió claras ilegalidades en el proceso".
El diputado del BNG, Ramiro Rodríguez, mostró su "respeto a las decisiones judiciales", pero manifestó que "queda acreditada la relación entre la adjudicataria y personas muy próximas al PP", así como que "el concurso fue hecho a medida para que se lo llevara determinada empresa".
Por su parte, DO considera que la justicia deber "seguir investigando" estos hechos.
No al cese de Gómez Villar
No prosperó la moción del BNG que pedía el cese del asesor cultural de la Diputación, Aurelio Gómez Villar, investigado formalmente por prevaricación en la contratación de altavoces para el Concello cuando era edil de Cultura. El PP la rechazó, al igual que Jácome, que ironizó con el hecho de que la denuncia, impulsada por Áurea Soto, era una "venganza" contra él que pagó Gómez.
