El alcalde acusado de Vilariño no dimite y alega que empleó a parados "necesitados"

"No se hizo publicidad, se contactó con el INEM para mirar por el bien de la gente sin trabajo del concello" -Sierra niega enchufismo: "No pregunté a nadie a quién votaba"

08.10.2016 | 09:21
El alcalde de Vilariño de Conso, Ventura Sierra. // Iñaki Osorio

Una petición por parte de la Fiscalía y los denunciantes de 5 años de cárcel y 14 de inhabilitación pesa sobre el veterano alcalde de Vilariño do Conso, Ventura Sierra Vázquez, al mando en el pequeño concello encastrado en el Macizo Central desde hace casi 40 años; con el PSOE desde el inicio de la democracia y con el PP desde los noventa salvo por un breve parón de 2 años. El regidor, que será juzgado por prevaricación y falsedad documental, cursó la noche del jueves la renuncia temporal de la militancia del PP de Ourense, pero no dejará el cargo. Lo confirmó ayer a este periódico: "La baja del partido sí, pero de alcalde no me voy salvo que haya otros condicionantes". Sierra añade que los tres ediles que conforman su grupo de gobierno seguirán junto a él y no cursarán baja en el PP: "No tienen por qué, con ellos este asunto no va para nada".

El alcalde popular se sentará en el banquillo por más de una veintena de contrataciones ilegales en 2012 y 2013, sin seguir supuestamente el debido proceso administrativo y con reparos. Se trata de empleos de albañil, peón, conductor o auxiliar de ayuda a domicilio, entre otros. La secretaria formuló informes de objeción a la hora de pagar las nóminas pero, presuntamente, Sierra hizo caso omiso y las levantó por decreto para que se formalizaran los pagos.

Según la Fiscalía de Ourense, Ventura Sierra "vulneró" los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad al elegir a trabajadores para determinados contratos ajustándose "a su criterio personal". El ministerio público sostiene que el veterano munícipe eludió dar publicidad a los puestos de trabajo para evitar otros posibles candidatos. Además, las acusaciones sostienen que Ventura Sierra aparentó haber seguido un proceso de selección con el objetivo de dar apariencia de legalidad, simulando que había entrevistado a las personas que figuraban en situación de desempleo. La investigación acreditó que las personas inscritas en el paro no fueron contactadas.

El aludido se defiende y asegura que aún no le han notificado el auto de apertura de juicio oral, efecto firme, con fecha de 21 de septiembre y comunicado a la prensa este jueves a través del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Ventura Sierra reconoce que no existió publicidad en ninguna de las contrataciones discutidas, pero sostiene que se puso en contacto con el INEM para recabar un listado de personas desempleadas del concello y la zona. "El objetivo fue mirar por la gente parada, como alguna mujer separada con un hijo, atendiendo a la gente que lo necesitaba".

Frente a la sospecha de enchufismo, el alcalde de Vilariño de Conso (615 habitantes, uno de los concellos con menor población de Galicia) aduce que entre los contratados había "personas que estuvieron en la lista del BNG y de otros partidos". Ventura Sierra insiste en que su discutido criterio de empleo era atender a la "necesidad" de los desempleados del concello. "Yo nunca pregunté a nadie a quién votaba". Durante 2007 y 2009, en Vilariño de Conso gobernó el bipartito de PSOE y BNG. Sierra argumenta que en ese breve lapso en que no fue alcalde el modo de contratar personal era idéntico.

La Audiencia Provincial de Ourense celebrará la vista oral en los próximos meses. El regidor se sentará en el banquillo para responder por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad continuada.

Pese a que la Fiscalía asumió la denuncia formulada por la oposición en 2015 y solicita la misma pena que la acusación particular, Sierra considera que su proceso es una "causa política" y añade: "Incluso alguno de los que denuncia, estuvieron trabajando tanto él como su familia". La querella fue suscrita por los dos entonces ediles del PSOE y uno de la agrupación independiente AIVIC, el único grupo que rivaliza con el PP en la actual corporación (4 ediles frente a 3), y al que pertenecen los tres denunciantes tras las últimas municipales (uno de ellos fue en la lista pero no obtuvo representación).

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