La gran mayoría de sanciones que tramitan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el consumo de drogas en zonas públicas de Ourense tiene que ver con porros de cannabis. Según los últimos datos, por término medio cada mes, los agentes levantan acta a unas 40 personas que toman algún estupefaciente en la calle, desde un parque a una terraza o un lugar de botellón. La Subdelegación del Gobierno es la instancia encargada de resolver estos expedientes y fijar la cuantía de la sanción. Desde julio de 2015 al 22 de agosto de 2016, la administración ha impuesto un total de 535 multas por el consumo de drogas en público.
Este tipo de conducta constituye una infracción catalogada como grave en la Ley de Seguridad Ciudadana. La nueva norma, de julio de 2015, la conocida como "Ley Mordaza", mantiene una infracción que ya estaba incluida en la anterior vigente. Las administraciones castigan tanto el consumo como la tenencia de drogas en lugares y locales públicos. Los policías se fijan en la cantidad en poder del ciudadano para determinar si procede una sanción administrativa o indica un posible tráfico de drogas, lo que implicaría detención y proceso judicial por un delito contra la salud pública.
Cuando se trata de autoconsumo, ningún problema pone la administración a que se ingiera droga en el domicilio. Interviene cuando sucede en zonas públicas. Los agentes realizan un acta de intervención y la Subdelegación del Gobierno tramita un expediente y propone una sanción de carácter grave. La cuantía mínima, y la que por regla general se aplica en la provincia de Ourense, es de 601 euros. El infractor puede rebajar la sanción a 300,5 euros si renunciar a hacer alegaciones y paga en un plazo de 15 días. Así, al estilo de las multas de Tráfico, se aplica una rebaja del 50% por pronto pago. En todo caso, la sanción también conlleva la incautación de la droga y su posterior destrucción. Antes de que el expediente sea firme, las autoridades envían una muestra al laboratorio de sanidad para que confirme que se trata de un estupefaciente.
Una parte de los 535 ourensanos denunciados desde julio de 2015 por consumir drogas en público eran menores de edad. Sus padres, los primeros en ser informados, son los responsables de pagar la multa, aunque hay un primer plan. Con los menores de 18, la administración prima que aprendan la lección y dejen las drogas. Según explican en la Subdelegación de Ourense, la sanción no se aplica si los chavales aceptan un programa de desintoxicación en la Unidad de Conductas Abusivas del CHUO, o algún servicio similar. La administración recaba informes para hacer seguimiento de la desintoxicación. Si no son constantes, "reiniciamos el expediente sancionador".
Desde julio de 2015, el Gobierno también ha impuesto multas a 113 ourensanos en materia de armas, que también implica incautación -la gran mayoría, por armas blancas de más de 7 centímetros en lugares públicos-, y otras 9 por irregularidades de empresas o particulares con artificios pirotécnicos o explosivos.
