Son 105 metros cuadrados de muros de bloque, sin revestir, y tejado de chapa de color rojo adosados al recinto de la iglesia y el cementerio de San Roque de Crespos, en el concello ourensano de Padrenda. La Fiscalía mantuvo ayer la acusación contra un matrimonio, de 79 y 73 años, por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Negaron responsabilidad penal, pero el ministerio público asegura que promovieron la obra a sabiendas de que carecían de la preceptiva licencia municipal, de la autorización urbanística de la Xunta así como del permiso necesario de Patrimonio. Según la fiscal, el concello de Padrenda les puso de manifiesto tales extremos cuando incoó el correspondiente procedimiento sancionador.
La iglesia, un bien inventariado
La acusación sostiene que, en fecha no determinada, pero en todo caso posterior al mes de julio del 2000, promovieron la construcción de la obra. El galpón tiene 18 metros de fachada principal, 12 en la posterior pegada al muro de la iglesia, así como 7 metros de fondo. La superficie construida es de aproximadamente 105 metros cuadrados y la altura máxima, de 3,6.
La iglesia parroquial de Crespos está recogida en el inventario cultural de las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento, teniendo la condición de bien inventariado. Según la Disposición Adicional Segunda de la Ley 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia, cualquier obra que se realice en un entorno de protección de 100 metros del bien inventariado requiere autorización previa de la consellería de Cultura.
La construcción se llevó a cabo en suelo rústico de especial protección patrimonial, artístico o histórico. Según la Fiscalía, el galpón no es legalizable ni susceptible de serlo, porque no puede ser encuadrado en ninguno de los usos permitidos para ese tipo de suelo, según la ley urbanística gallega.
Por eso, la acusación solicita que se condene al matrimonio con 4.900 euros, el coste cifrado de la demolición. Además, solicita para cada uno una pena de 1 año y 6 meses de prisión y multa de 3.240 euros. La defensa pide la absolución.
