Este planteamiento urbanístico provisional que ha vivido en la cuerda floja desde el año 2011, en el que fue aprobado por el Consello de la Xunta, fue la solución de urgencia que encontró entonces el gobierno municipal del PSOE para tratar de proteger de la caída del PXOM quince proyectos de interés público, la mayoría de ellos ya ejecutados, obras como el nuevo edificio judicial de O Couto, la Molinera, centros de salud.

Pero en su "viaje" de ida a Santiago para someterse al visto bueno de la Xunta se introdujeron otros quince ámbitos de protección de proyectos privados, es decir que iban a ser promovidos por particulares y no eran obras de interés público.

Pese a que ninguno de los quince proyectos privados protegidos llegó a ejecutarse, esa fue la causa de la mayoría de las denuncias de otros constructores, que veían mermados sus derechos al quedar amparados bajo el paraguas de esta ordenación provisional unos proyectos privados y otros no y de asociaciones de propietarios que han estado ofreciendo en estos últimos años una solución legal y consensuada para evitar el posible desastre urbanístico que acarrearía la caída de esta ordenación.

Algunos de los propios denunciantes estudian ahora qué medidas adoptar para que el derecho a defender sus legítimos intereses no ponga patas arriba la ciudad.