Desde la anulación en 2011 por sentencia firme del Plan Xeral de Ordenación Municipal de 2003 el municipio de Ourense vive en una total inseguridad jurídica en materia urbanística, que ha paralizado prácticamente la construcción e incluso ha frenado la implantación de nuevas empresas e inversores ante el temor de que cualquier edificación pudiera venirse abajo por no estar respaldada por la legalidad de un planeamiento en vigor.
Pero la situación todavía puede complicarse. El Constitucional ha desestimado una vez la cuestión de inconstitucionalidad de esa norma que le planteó el TSXG por no haber sometido en su día a exposición pública ese planeamiento provisional, lo que obliga al Alto Tribunal gallego a resolver cuanto antes las recursos de anulación de esa ordenación urbanística provisional de Ourense que le habían planteado colectivos y particulares.
El problema añadido es que si el TSXG resuelve y acepta esos nueve recursos de colectivos y particulares que piden la anulación del planeamiento urbanístico provisional de la ciudad, podría caer con ellos el actual Plan Xeral de Ordenación Municipal, que está aprobado solo inicialmente, pero que recoge también ese discutido planeamiento urbanístico, según la conclusión de algunos juristas consultados.
El posible efecto dominó que podría generar esta resolución era una de las preocupaciones del Concello tras el último auto del Tribunal Constitucional, del que hemos dado cuenta ayer, y que rechaza de nuevo la causa de inconstitucionalidad de la norma que le había planteado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El último auto que acaba de emitir el Tribunal Constitucional es el relacionado con el recurso que le había presentado la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Ourense.
El TSXG había dado un "balón de oxígeno" al Concello en septiembre pasado, cuando en lugar de resolver los recursos contra el planeamiento urbanístico provisional de Ourense decidió plantear esta cuestión de inconstitucionalidad y remitió el tema al Constitucional.
En apariencia, el Concello de Ourense respiraba hondo y ganaba varios meses para tratar de aprobar un nuevo PXOM, un plazo que podría alargarse durante años si el Constitucional hubiera admitido la causa de inconstitucionalidad que se le planteaba.
Pero transcurridos nueve meses, el PXOM sigue en punto muerto. Las críticas de la oposición contra las modificaciones introducidas en el PXOM por el actual gobierno local son cada día más aceradas, aliñadas además por el contexto de campaña electoral, lo que hace aventurar que no va a haber mayoría absoluta para aprobarlo por ahora.
Las peores predicciones de la anterior edil de Urbanismo, Áurea Soto, pidiendo una aprobación urgente del PXOM, garantizando siempre todos los avales jurídicos y legales para evitar otro nuevo tropiezo y todos los informes sectoriales favorables, parecen materializarse.
La no audiencia pública, es decir la no exposición de aquellas normas que habían denunciado algunos de los recurrentes, se han convertido en las principales razones de peso que iban a convertirse en la puntilla de un urbanismo local que nunca más que ahora necesitó del consenso.
