Un programa para dar respuesta a las necesidades existentes y de especial relevancia en el ámbito social. Así lo calificaron la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Ethel Vázquez, y el alcalde Jesús Vázquez en el momento de la firma del convenio de colaboración del programa de Bolsa de Viviendas Sociales en inmuebles desocupados de la Xunta. Además de ser Ourense el primer municipio de Galicia en solicitar la adhesión al programa.
El acuerdo lleva consigo crear una bolsa de alquiler de viviendas destinadas especialmente a personas en riesgo de exclusión social o que fueron desahuciadas de las que tenían o pueden encontrarse en breve en esa situación, de ahí que la conselleira de Infraestructuras e Vivenda incidía en que el acuerdo es fruto del compromiso y el interés de las dos administraciones por facilitar el acceso a una vivienda a aquellas personas y colectivos que, por circunstancias económicas, personales o familiares, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Además de movilizar estos inmuebles, el Concello se compromete a coordinarse con la Xunta en la gestión de altas y bajas en el registro de viviendas vacías, en la selección de arrendatarios y en la adjudicación de estas viviendas.
En este sentido, y en función de lo que establece el plan, las personas que lo soliciten y cumplan los requisitos podrán acceder a alquileres por menos de 350 euros mensuales, con la posibilidad de beneficiarse de otro tipo de subvenciones que puedan estar recibiendo de la Administración.
Por su parte, los propietarios que se sumen a la iniciativa tendrán asegurado el cobro durante un periodo de un máximo de 36 meses, y las viviendas que se incorporen a este programa estarán doblemente aseguradas por la Xunta con un seguro multirriesgo y otro de garantía de cobro de la renta, que incluye también la defensa jurídica, como destacó la conselleira.
En cuanto a los beneficiarios, las prioridades se establecen en cuatro grupos de personas para acceder a este tipo de viviendas: personas afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria; afectados por un procedimiento judicial de desahucio por impago; con hijos menores, familias numerosas y monoparentales con hijos; y mujeres víctimas de violencia de género, con unos ingresos máximos de 22.000 euros anuales.
