El alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, se reunirá el martes con el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para intentar consensuar una solución al problema del campo de fútbol de hierba artificial con una restricción en su uso de una franja de seguridad de 25 metros, impuesta por Fomento. El regidor quiere "intentar una salida pactada entre las tres partes, vamos con la mejor de las intenciones", y aclara que la reclamación patrimonial de 700.000 euros aproximadamente que hizo "fue para salvaguardar los intereses del Concello".
En su día cuando se construyó el primer campo de fútbol de tierra, cofinanciado entre la Diputación y la Confederación Hidrográfica, y ni uno ni el otro pidió informe a Fomento, por lo que ahora este recinto está ocupando 25 metros de la zona de protección de la auto vía. Situación obliga a que el Concello tenga que desplazarlo esos metros de su ubicación inicial con el consiguiente costo que ello conlleva. Explica Gómez que afectaría la pista de tenis, vestuarios y más servicios. También cabe la opción de hacerlo en otra ubicación.
El alcalde asegura que su intención es llegar a una acuerdo para evitar tener que ir a un contencioso, pero por si fuera necesario ya hizo la reclamación patrimonial ya que en junio se vencía el plazo para poder hacerla.
Los técnicos municipales estudiaron los porcentajes de responsabilidad que tienen las tres partes, y la cuantía a pagar cada una, siendo la del concello la más pequeña, de unos 30.000 de los más de 700.000 euros aproximadamente. Gómez cree que con la Diputación no habrá problemas, ya que el propio secretario general hizo un informe técnico en el que manifestó que sí tiene parte de responsabilidad, y el presidente "cuando le pregunté me respondió que `lo que digan los técnicos".
