El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, participó ayer en la jornada "Las diputaciones del futuro" que se celebró en Ourense para defender el papel de la institución provincial como garante para que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones y con independencia del territorio en el que residan. Son "radicalmente esenciales" para garantizar ese principio constitucional, indicó. Ilustró esta afirmación explicando que en los municipios españoles viven tantas personas como en Madrid y Barcelona juntas, si bien los vecinos de los más de ocho mil ayuntamientos "tienen mucha más dificultad para acceder a los servicios públicos", de ahí la importancia de agruparlos a través de las diputaciones.
La ventaja que ofrece esta administración, señaló Beteta, es que las diputaciones funcionan como grandes centrales de compra y pueden llevar a cabo una optimización de recursos", ayudando de esta manera a combatir el déficit público y a la vez garantizar servicios de calidad. Una ventaja competitiva, destacó, "que no ofrecen las comunidades autónomas". El impacto económico que generan, explicó, es "muy positivo", con importantes ahorros y abaratamiento en el coste de los servicios. Puso como ejemplo la recogida de la basura y los consultorios médicos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y la prevención y extinción de incendios, la recaudación tributaria o la contratación centralizada en los de menos de 20.000.
Frente a las críticas, y en particular la propuesta de supresión de estos entes en el acuerdo firmado entre el PSOE y Ciudadanos durante el período de negociaciones para formar gobierno tras el 20-D, Beteta manifestó que no existe riesgo de que las diputaciones desaparezcan precisamente por esa "cobertura constitucional" de garantizar un igual acceso a los servicios para todos los ciudadanos. Sería necesaria una "mayoría cualificada suficiente" para reformar la Constitución y esta, apuntó, no parece que se vaya a producir en los próximos años.
Además, y en relación a aquellos que critican la existencia de estos organismos con el argumento de que suprimirlas repercutiría en un elevado ahorro económico, Antonio Beteta indicó que estos "olvidan que no hay otro organismo que pueda prestar los mismos servicios con la misma calidad y eficiencia y a un menor coste". Señala que sin ellas, los municipios pequeños y medianos "carecerían de los medios necesarios, lo que quebraría el citado principio de igualdad", reiteró.
En este sentido, el secretario de Estado señaló que, "en este momento, las diputaciones son imprescindibles" y fijó como reto de futuro el avance en la prestación de servicios mancomunados con calidad, eficiencia y eficacia, así como la implantación de una administración electrónica que favorezca "la democracia electrónica". Precisamente, destacó la labor "pionera y de vanguardia" que realiza la Diputación de Ourense en el ámbito de la transparencia y de la innovación en la gestión.
En el apartado financiero, Beteta alabó la solvencia de las diputaciones y su evolución en los últimos tres años en los que se pasó de 40 entidades con saldo negativo en 2010 a solo dos en 2014. También han sido, incidió, las entidades "que más han reducido el número de empleados públicos en esta legislatura, casi un 19% respecto a julio de 2011". Como dato afirmó que en los presupuestos de 2015, solo el 13% del gasto total de las entidades locales de España corresponde a las diputaciones provinciales, consells y cabildos insulares. De estos números se desprende, indicó Beteta, "que hablamos de entidades saneadas financieramente, con un bajo nivel de deuda y que tienen capacidad suficiente para el desarrollo de sus funciones".
Los gobiernos intermedios representan el servicio público local "más eficiente en términos de cumplimiento presupuestario", un modelo de éxito que ha permitido pasar de contar con un "déficit de 4.000 millones de euros a un superávit constante de cerca de los 5.000 desde 2013 entre los cuatro y cinco mil millones de euros", remarcó.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, defendió la diputación como la "administración esponja" dispuesta a escuchar propuestas que mejoren su rendimiento.
También participó en la V jornada sobre el futuro de las diputaciones el gerente de la Fundación Democracia y Libertad, José Luis Moreno, que reivindicó este foro para "poner en valor y debatir" el futuro de esta institución "más allá del debate sobre su supresión". En este sentido, recalcó que sin el respaldo de esta administración, la gestión en muchos municipios pequeños "sería nula".
También participaron en la jornada los catedráticos de Derecho Constitucional, Roberto Blanco Valdés y Juan José Solozábal Echevarría; el catedrático de Derecho Administrativo, Jaime Rodríguez-Arana, y el abogado del Defensor del Pueblo en la Comunidad de Valencia, Miguel Ángel Blanes.
