El alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, asegura que está actuando con cautela y responsabilidad ante el problema de la ilegalidad del campo de fútbol de O Xestal, pero ante todo defendiendo los intereses del concello, y pide que no se tergiverse la información ni entrar en guerras partidistas. El regidor destaca que se trata de un problema muy complicado de resolver, y este viernes se reunirá con miembros de la Plataforma Ciudadana Campo de Hierba Artificial O Xestal, a petición de ésta, para ofrecerles todo tipo de información.

El alcalde ribadaviense no entiende que grupos de la oposición, como Ribeiro en Común, primero exijan que se haga una reclamación patrimonial por la ilegalidad del campo de fútbol y ahora que la se hizo "nos reprochan que no llegamos a un acuerdo", por lo que dice "se contradicen" y que lo que buscan es "echarle la culpa a alguien". Gómez señala que "hay que conocer un poco como funciona la administración" antes de proceder como hizo R en C.

Explica que el propio informe elaborado por el secretario de la Diputación, responsable junto con la Confederación Hidrográfica y el ayuntamiento de la ilegalidad del campo de fútbol, expone que la manifestación del efecto lesivo para el concello se produjo con la orden de paralización cautelar de la actividad de dicho campo, emitida por la Subdelegación de Gobierno, con fecha 21 de julio de 2015, por lo que `la responsabilidad patrimonial de la Confederación Hidrográfica y de la Diputación no prescribiría hasta el 21 de julio de 2016´.

Y en cuanto al procedimiento a seguir, añade el informe que `la responsabilidad patrimonial puede exigirse por parte del ayuntamiento´ mediante reclamación a las otras dos administraciones responsables, siguiendo lo previsto en el articulado del Reglamento de los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, que es lo que ya hizo Ribadavia previendo que el plazo para ello prescribe en julio. No obstante, el informe del secretario de la Diputación también advierte que el procedimiento se considera a su vez susceptible de ser resuelto `mediante un convenio entre las tres administraciones públicas en el que se defina la solución a la problemática planteada y la financiación aportada por cada una de ellas´. Un convenio que Gómez señala "eso es lo que se está intentando hacer". Dice se está dialogando pero "es difícil llegar a acuerdos". Indica que el concello esta dispuesto a asumir su pequeña culpa, que es de 36.000 euros de los 817.000 que sería por mover o hacer un nuevo campo.

Observa que con la reclamación patrimonial "estamos defendiendo al concello pero eso no significa que no se intente llegar a acuerdos", y de hecho ya habló con la diputación pero el problema está con el Gobierno del Estado, por parte de la Confederación Hidrográfica, cuyo interlocutor esta en funciones. Explica se estaba esperando a los acontecimientos del Gobierno Central pero como se están complicando, y "para que no se nos agoten los plazos y no se nos acuse de no hacer la reclamación patrimonial y defender los intereses de Ribadavia, hicimos los deberes, pero no signifique que no negociemos algo pactado, pero legalmente ésto es lo que nos corresponde."

Deduce que R en C no leyó el informe del secretario de la Diputación.